El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, admitió que República Dominicana ha tenido algunas experiencias de alianzas público-privadas que no han sido muy saludables para el Estado en la parte fiscal, pues no se han analizado correctamente sus efectos en los ingresos, especialmente por la incapacidad institucional para ponderar y evaluar los riesgos de cada proyecto.
Refirió que hubo momentos en que el país recibió ofertas del sector privado en áreas específicas o buscó el apoyo, pero sin tener la capacidad institucional desde el punto de vista de evaluación de riesgos para entender en lo que estaba entrando con esas negociaciones. Al final, lamentó, el Estado ha tenido que cubrir los llamadas “peajes sombra” y en otros casos asumir empresas que quebraron, como es el caso de las distribuidoras de electricidad.
“Esto es lo que queremos evitar y apoyarnos en las experiencias que otros países han implementado para asegurarnos de que las próximas intervenciones conjuntas entre los sectores público-privado sean realmente lo que el país está buscando para el beneficio de la población”, aseguró Guerrero Ortiz.
Aseguró que República Dominicana tiene necesidades ilimitadas de inversión en proyectos de infraestructura, al tiempo de reconocer que el país invierte al alrededor del 3% del producto interno bruto (PIB) en este sector.
Refirió, sin embargo, que lo recomendable, haciendo referencia a las consideraciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es que países como República Dominicana puedan disponer de hasta un 5% del PIB en inversión en infraestructura. Por tal razón, indicó, es que en materia de obras viales el país dispone de infraestructura de primer orden, es decir, carreteras de acceso a todos los puntos del país.
Indicó que a pesar de todos estos recursos, a propósito del crecimiento económico, se crean nuevas necesidades. Estima que vías de comunicación que hoy están perfectamente en operación quedarán pequeñas por la expansión del PIB que registra República Dominicana. “Se requerirán expansiones en autopistas como la del Cibao y del Sur y todas habrá que ampliarlas”, apuntó.
Para estar preparado como país, dijo, es que es necesario que exista el marco legal que permita, en algunos casos, invitar al sector privado y en otros sólo hacerlo con inversión pública porque el Estado debe asumir parte del costo.
Sobre si hay alguna agenda de obras identificadas para desarrollarlas bajo el mecanismo de alianzas público-privada, Guerrero Ortiz dijo que el Gobierno no tiene una “predefinición”, pero sí está abierto a las mismas áreas que se han desarrollado, tales como puertos, en el caso de Manzanillo, y carreteras como la que hay propuesta por la montaña entre Santiago y Puerto Plata, alterna a la existente.
Refirió que el desarrollo inmobiliario en Ciudad Juan Bosch es producto de una alianza público-privada. “El Estado está y estará abierto a considerar proyectos que sean de beneficio mutuo para la población y para el sector privado”, aseguró.
