Recientemente el presidente Danilo Medina sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley para el fomento de las alianzas público privadas. Es una iniciativa positiva que puede contribuir con el desarrollo de diversas áreas de producción de bienes y servicios en las que al Estado se le hace difícil concentrarse de lleno, dadas sus amplias obligaciones.
Sin embargo, las alianzas público privadas no son nuevas. De hecho, en este momento existen diversos contratos estatales con el sector privado que se traducen en eso: en alianzas público privadas. Lo que debe traer la nueva iniciativa legal es un esquema de regulación efectiva de este tipo de negociación entre en Estado y las empresas privadas.
Son de triste recordación algunas alianzas público privadas onerosas y leoninas, pero existen, incluso, en la actualidad, alianzas público privadas que les están costando cientos de millones de dólares al Estado dominicano, sin que se traduzcan en beneficios para el país.
Un ejemplo de alianza público privada fallida y de grandes pérdidas para el Estado y los ciudadanos es el referente al contrato de concesión de la Autopista Juan Pablo II, que conduce desde Santo Domingo hacia la provincia Samaná. Los dominicanos que usan esa carretera, por demás afectada de vicios de construcción, tienen que pagar elevadísimas tarifas de peaje, a lo que se agrega el llamado “peaje sombra” que debe pagar el Estado cada año como compensación por el orden de los RD$2,500 millones cada año.
Esa es una alianza público privada, pero sus efectos no se pueden calificar de positivos.
Otras alianzas público privadas pueden ser ejemplos de desarrollo y de beneficios para el Estado, para la población y para el o los inversionistas involucrados, lo cual hace que sea factible el fomento e incentivo de este tipo de negocios.
El asunto aquí es el de la regulación, la definición de reglas claras y transparentes, la rigurosidad de los procesos que se establezcan y el estudio previo de factibilidad de cada tipo de propuesta de alianza público privada. No podemos olvidar que hay activos del Estado sobre los que no se deben permitir alianzas con el sector privado, dada la importancia estratégica que puede tener su operación.
Un área de elevadísima importancia para los ciudadanos es la salud. Tenemos una Ley 87-01 de Seguridad Social que implica en sí misma una serie de alianzas público privadas en procura de que los trabajadores y sus familiares reciban mejores servicios de salud.
Pero las violaciones de procedimientos establecidos en esa legislación, la equivocada composición y método de toma de decisiones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), los múltiples intereses que giran en torno a ese sector, han convertido esta importante iniciativa en una enredadera cargada de negocios y de maniobras económicas que acaban costando muy caro a los llamados a ser beneficiarios (los ciudadanos), quienes al final terminan pagando más sin recibir mejores servicios de atención de su salud.
En el caso anterior, se requieren profundas reformas, fortaleza de los entes de regulación estatal y establecimiento de regímenes de consecuencias adecuados para que esa alianza público privada, al igual que muchas otras, resulten en un beneficio colectivo y no en inequidades en contra del Estado o de los consumidores.
Otros ejemplos de alianzas público privadas se mantienen en áreas como la minería, donde el Gobierno, en el caso de la minera de Pueblo Viejo, Cotuí, tuvo que forzar una modificación del contrato anterior, debido a que los beneficios para el Estado eran prácticamente nulos.
También están los casos del sector eléctrico, especialmente a partir de la reforma y capitalización aplicada con la Ley 141-97 y aciertos y fracasos de las decisiones que se han tomado desde finales del siglo pasado hasta ahora.
Para corregir algunas de las tantas distorsiones en las alianzas público privadas del sector eléctrico se plantea el llamado Pacto Eléctrico, cuyo consenso parcial tardó casi tres años de diálogo y discusiones y de todas formas no ha sido posible su rúbrica, debido a que se mantienen las diferencias entre diversos sectores.
Debemos abogar para que el proyecto de ley de alianzas público privadas sirva para corregir debilidades y fortalecer los beneficios que implican cuando se realizan correctamente.
