Para nadie es secreto que República Dominicana, aunque ha experimentado un envidiable crecimiento socioeconómico durante los últimos 20 años, adolece de grandes carencias en materia de infraestructura. Una herramienta utilizada por países en todo el mundo, y muy especialmente en Latinoamérica, ha sido las alianzas público privadas (APPs), las cuales tienen la importante virtud de ayudar a satisfacer las exigencias de inversión de nuestro país, sin tener hacer uso de los escasos recursos públicos.
El Ministerio de la Presidencia ha redactado un anteproyecto de ley de APPs, el cual se encuentra en etapa de discusión y sensibilización con los actores más relevantes en el mercado, y cuya finalidad es de establecer un marco legal claro y detallado sobre las APPs. Esto es necesario en vista de que República Dominicana es uno de los pocos países en Latinoamérica que no cuenta con un marco legislativo en materia de APPs, y para continuar avanzando en el desarrollo de la infraestructura, nuestro país requiere de cuantiosas inversiones.
El proyecto prevé el establecimiento de un Consejo Nacional para evaluar las APPs, y la posibilidad de que las mismas sean propuestas tanto por el sector público como por el sector privado. Igualmente, se establece la distribución de riesgos de ejecución del proyecto de que se trate entre el sector público y el privado, de tal modo que se le garantice un retorno al inversionista, pero a su vez, que éste asuma un riesgo de ejecución.
Otro aspecto importante del anteproyecto es que el mismo prevé la posibilidad de ceder en garantía los derechos y flujos derivados del proyecto, con la finalidad de obtener financiamiento para la ejecución del mismo. La cesión en garantía de los proyectos de APPs es un elemento verdaderamente esencial para su éxito, lo cual permite construir obras de infraestructura de primera línea, sin disponer de recursos públicos y aumentar la deuda pública, sino que se tercerizan los riesgos en base a las exigencias del mercado.
