En vísperas de la reunión de los ministros de Hacienda del G7 -los siete países más industrializados- todos los ojos están puestos en el papel del Gobierno francés. Francia aseguró que bajo su liderazgo este año, el G7 luchará “contra la desigualdad a través de una globalización regulada y más equitativa”. Y una de sus prioridades tendría que ser la adopción de un sistema tributario International más equitativo. De hecho, la reducción de los recursos fiscales de las empresas, facilitada por las estrategias de evasión y elisión fiscal de las multinacionales, ha alimentado durante décadas las desigualdades dentro de los países y entre ellos.
Para luchar contra la optimización fiscal de las empresas digitales, el Gobierno francés adoptó la semana pasada una ley para introducir un impuesto sobre el volumen de negocios, que entrará en vigor en otoño. Afectará a multinacionales estadounidenses como Google, Facebook y Apple.
Esta decisión dio lugar al anuncio por parte del Gobierno de los Estados Unidos de una investigación para determinar si el impuesto constituía una práctica comercial desleal que podía dar lugar, en represalia, a impuestos sobre las importaciones francesas. Pero Francia no está sola.
La indignación general, exacerbada por los programas de austeridad que se pusieron en marcha tras la crisis financiera de 2008, ha llevado a los gobiernos a buscar soluciones para aumentar sus recursos. La semana pasada, el Reino Unido también detalló sus planes para imponer un impuesto similar del 2% a los gigantes de la tecnología.
Estas medidas unilaterales se adoptaron en el contexto de las negociaciones en curso en el marco del “marco inclusivo”, un grupo de 131 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que podría y debería conducir a una revisión de la fiscalidad de las multinacionales.
Sin embargo, los países que se benefician del actual sistema tributario están presionando para mantener el statu quo. En este contexto, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) apoya la introducción de soluciones provisionales por parte de Francia y el Reino Unido, en la medida en que pueden ayudar a alcanzar un acuerdo multilateral sobre la revisión del sistema fiscal internacional.
Según las propuestas objeto de debate, los beneficios globales de las multinacionales podrían repartirse mediante una clave de reparto, lo que simplificaría el sistema y reduciría las posibilidades de aplicar estrategias agresivas de optimización fiscal. También se está estudiando la posibilidad de establecer un impuesto mínimo mundial, lo que reduciría la competencia fiscal y la carrera hacia abajo.
El tema se volverá a tratar cuando los Ministros de Finanzas del G7 se reúnan en Chantilly, Francia, los días 17 y 18 de julio.
La solución que hemos defendido en el marco de la ICRICT es una fórmula global que garantice que los beneficios globales de las multinacionales -y, por lo tanto, los impuestos asociados- puedan distribuirse entre los países en función de factores objetivos. Insistimos en que deben incluir no sólo las ventas, sino también el empleo (a nivel de la mano de obra, más que a nivel de la masa salarial) para beneficiar realmente a los países de bajos ingresos.
El ICRICT también apoya la propuesta de Alemania y Francia de establecer una tasa de tributación mínima mundial a las empresas. Cualquier multinacional que declare sus beneficios en un paraíso fiscal podría ser gravada en su país de origen hasta con esa tasa mínima. Esto reduciría su interés en transferir sus beneficios a paraísos fiscales y frenaría la carrera hacia el fondo.
Por supuesto, los países que se comprometan a hacerlo renunciarán al derecho a ofrecer incentivos fiscales. Esta es una cuestión clave para los países en desarrollo. Pero los países en desarrollo también pueden beneficiarse de esta decisión, ya que una tasa mínima mundial podría proporcionarles unos ingresos valiosos, ya que dependen más de los impuestos de sociedades que los países desarrollados. Sin embargo, dado que un impuesto mínimo beneficiaría en primer lugar a los países más ricos de donde son originarias la mayoría de las multinacionales, los países en desarrollo sólo deberían aceptarlo si los países desarrollados aceptan una reasignación significativa de los beneficios de las multinacionales -y de los impuestos asociados- en primer lugar.
