La revista británica The Lancet publicó un artículo en el que insta al Gobierno británico a desvelar sus planes de contingencia para enfrentar una posible interrupción en el suministro de alimentos, en caso de que se produzca un “brexit” sin acuerdo el próximo 31 de octubre.
El texto del profesor Tim Lang, del Centro de Política Alimentaria de la City, de la Universidad de Londres, afirma que el Ejecutivo de Boris Johnson debe asegurar que su planificación de emergencia tiene en cuenta “el impacto sobre la salud pública y, en especial, sobre los consumidores de bajos ingresos”.
Este destacado analista solicita que se ponga en marcha la campaña de información para la que el Gobierno ha anunciado que ha asignado 138 millones de libras (unos 151 millones de euros).
“El público necesita saber qué métodos ha utilizado el Gobierno para crear esta rigurosa planificación”, escribió Lang, que urgió a las autoridades a “tratar” a los ciudadanos “como adultos”.
Añadió que si se demuestra que el anuncio de esta suma destinada a informar es “ingenua propaganda”, esto puede aumentar el “pánico” y que se produzcan compras masivas con el objetivo de almacenar existencias ante el temor a que se produzcan desabastecimientos.
Johnson ha reiterado su compromiso de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) en la fecha prevista del 31 de octubre, aunque sea sin un tratado bilateral, ya que descarta asumir el pacto negociado por el anterior Gobierno, que, según los líderes comunitarios, es el único posible.
Por este motivo, el Ejecutivo ha apartado 2,300 millones de euros adicionales para que, en caso de divorcio abrupto, se pueda aumentar el personal en las fronteras y hacer acopio de medicinas.
Lang advirtió de que se parte de supuestos como que “la mitad o más de los camiones británicos ya no transitaría ordenadamente por las fronteras, el precio de los alimentos aumentaría al menos un 10%, la libra esterlina caería aún más y disminuirían a la mitad las importaciones de alimentos de la UE”.
Además, destacó que habría “una estricta imposición del nuevo estatus del Reino Unido como un ‘tercer país’ según las normas de la UE y la Organización Mundial del Comercio”.
Como consecuencia, habría una “interrupción masiva del flujo de frutas y verduras frescas desde la UE, de donde el Reino Unido obtiene la mayoría de estos alimentos vitales para la salud”.
Esto afectaría a los “patrones de consumo de las personas con bajos ingresos que se verían especialmente afectadas y no habría tiempo para buscar soluciones alternativas”.
De acuerdo con Lang, el Reino Unido “produce solo el 12% de las frutas y el 55% de las verduras que consume”.
