[dropcap]R[/dropcap]epública Dominicana, como país en vía de desarrollo, tiene muchos retos. Las observaciones que hacen organismos internacionales, casi llegando al nivel de exigencia, de que el crecimiento económico que hemos registrado como nación no necesariamente se ha reflejado en la gente, es una verdad irrefutable. Aquí hay una materia pendiente.
Los gobiernos tienen la responsabilidad no sólo de administrar el Estado y sus recursos, sino también hacerlo apegado a las leyes, pero sobre todo bien. Si hoy no vemos un desarrollo más equitativo en nuestra gente posiblemente tiene que ver con la falta de aplicación de políticas que realmente ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Pero si de este lado de la isla de Santo Domingo los gobierno no han logrado distribuir el bienestar de forma equitativa, hay que preguntarse, como país, qué ha sucedido en Haití, una nación que se mantiene firme en el primer lugar como la más pobre del continente y sin posibilidad de cederle la posición a su más cercano contendor, Nicaragua, por lo menos durante los próximos años.
Los seres humanos emigran por necesidad económica por guerra, principalmente. Y eso es lo que hacen dominicanos, haitianos, mexicanos, africanos, nicaragüenses, jordanos, ucranianos y chinos. Todos buscan un mejor porvenir. La obligación de mantener una familia es inherente al ser humano responsable.
Ahora bien, en el caso de la inmigración haitiana a República Dominicana, en la que todos los expertos y organismo internacionales coinciden en que su razón es eminentemente económica, hay que ponerle orden. En algún momento nuestras autoridades tendrán que entender que muchas cosas se ponen en juego si seguimos por este camino de desorden e irresponsabilidad migratoria.
Si hoy Haití se ha convertido un gran reto para el mundo, especialmente luego del terremoto de enero de 2010, se debe, fundamentalmente, a la irresponsabilidad de los que tradicionalmente se han beneficiado de su desgracia.
Lo que esperamos es que los organismos internacionales y países poderosos, incluyendo a Estados Unidos, Francia y Canadá, se pongan de acuerdo para ayudar a República Dominicana a paliar la triste realidad económica, social y política que padece el hermano pueblo haitiano.
Habrá que ver el trecho entre la Ley de Naturalización y la realidad en que opera nuestra frontera terrestre con Haití. Una cosa es una legislación en el papel y otra es la disposición y conciencia de las autoridades para hacer que se cumpla cabalmente.
