La construcción de las dos plantas de carbón mineral por cuenta del Estado ha sido históricamente la iniciativa más torpedeada por sectores del Gobierno y del sector privado, pero a la vez es, en la actualidad, la que mayor apoyo ha recibido, incluso, desde la oposición.
Por lo menos tres pasados administradores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) representantes del partido de gobierno actual, de la oposición política y hasta del sector privado, coinciden en que las plantas a carbón mineral son factibles.
César Sánchez, Rhadamés Segura y Celso Marranzini -los dos últimos casi enemigos- coinciden en el tema y son posiblemente las tres personas cuya opinión resulta más importante para el actual titular de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, en lo relativo al proyecto energético que se levanta en en Punta Catalina, provincia Peravia.
El proyecto del Gobierno para la construcción de las unidades de generación a carbón mineral ha sido del interés de prácticamente todos los administradores que ha tenido la CDEEE.
Originalmente el proyecto fue concebido durante el Gobierno de Salvador Jorge Blanco, en cuya gestión se construyeron las generadoras a carbón Itabo I e Itabo II, de 120 megavatios cada una en la zona de Haina, provincia San Cristóbal.
Durante esa gestión se concibió la construcción de dos nuevas generadoras similares, pero el proyecto quedó truncado con el retorno de Joaquín Balaguer al poder en el año 1986.
En los años siguientes, la entonces CDE fue administrada por profesionales que no contaban con la suficiente influencia ni capacidad de convencimiento para que el presidente Balaguer se embarcara en ese proyecto.
Con la llegada de Leonel Fernández al poder, en su primera gestión en 1996, se dio paso a un amplio proyecto de capitalización y privatización de las empresas eléctricas que alejó aún más el proyecto de generación a carbón mineral por parte del Estado, ya que la apuesta fue dirigida a captar la inversión privada para la generación.
Fue a partir del año 2000, cuando Hipólito Mejía ganó la presidencia, que el designado administrador de la CDE, César Sánchez, retomó la iniciativa de la contratación de una planta de carbón mineral por cuenta del Estado, pero no pudo con las presiones de organismos internacionales como los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID), que nunca coincidieron con las intenciones de Sánchez en materia energética.
Con el retorno de Fernández al poder en 2004, volvió a la transformada CDEEE, Radhamés Segura, quien tuvo de un lado la ventaja de que el fracaso de la capitalización le daba razones para retomar el proyecto.
Las gestiones más avanzadas fueron con la empresa Sichuan, de China Continental, nación que en ese entonces tenía el interés de establecer relaciones diplomáticas con República Dominicana, para lo cual el país debía previamente cancelar sus relaciones con Taiwán. Además de las trabas diplomáticas, Segura cometió el error de insistir con la oferta de la empresa china, sin licitación previa, lo cual fue aprovechado por representantes del sector privado y del propio gobierno al que pertenecía, para torpedearlo.
Pero la viabilidad de las plantas a carbón mineral es tal, que uno de los más destacados representantes del sector privado, Celso Marranzini, retomó el proyecto cuando fue designado por el presidente Fernández en la CDEEE en el año 2009.
Durante tres años Marranzini trabajó en la organización de una licitación pública internacional para contratar las plantas a carbón. El proceso se desarrolló con normalidad, aunque al término del gobierno de Fernández, Marranzini desistió por entender que correspondía al próximo gobierno darle continuidad.
A su llegada al poder en 2012, Danilo Medina le dio luz verde a Rubén Jiménez Bichara para que, al frente de la CDEEE, hiciera las gestiones de licitación para la construcción de dos unidades de carbón mineral de 360 megavatios cada una, que fue ganada por una empresa subsidiaria del consorcio brasileño Odebrecht.
El Gobierno ya ha invertido US$600 millones en el proyecto. Y a pesar de la oposición de sectores que no han sido identificados directamente, el Congreso ya aprobó la autorización para que el Gobierno contrate los financiamientos necesarios.
Bichara cuenta con el apoyo determinado del Presidente, y además tiene la ventaja de que sus antecesores han manifestado su apoyo público a la iniciativa.
Es, probablemente, la primera vez que en República Dominicana, al menos tres pasados administradores de la CDEEE, apoyan de manera abierta un proyecto que como construcción de las plantas a carbón mineral, tendrá un costo superior a los US$2,000 millones y requiere de endeudamiento público para terminarlo.
Se agrega el hecho de que los ex titulares de la CDEEE, con sus diferencias, reiteran no solo su factibilidad, sino que fueron sus deseos en los momentos en que dirigieron la CDEEE.
