Siempre hemos sabido que, en República Dominicana, en los años electorales, es decir, años en que se realizan elecciones, la economía sufre una situación de dinamismo aparente, por un exceso del gasto público que luego se traduce en una situación restrictiva, con medidas fiscales y monetarias tendentes a corregir los excesos.
Pero lo anterior, que no es positivo, es lo menos malo que le ocurre a la economía, asumiendo que se vive un año con un proceso electoral de paz y armonía, donde todo se desarrolla en aparente normalidad y el resultado de esa fiesta democrática es la elección pacífica y sin conflictos de las autoridades de que se trata (Presidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores).
Algo distinto es cuando el proselitismo político abarca más de un año en forma consecutiva y a su vez se caracteriza por una situación de conflictos y diferencias, especialmente en el partido que administra el Poder Ejecutivo, ya que se tiende a generar más incertidumbre entre los actores económicos, tanto nacionales, como internacionales.
En República Dominicana se está viviendo esa situación y los efectos negativos no han tardado en sentirse. Diferencias profundas a lo interno del más grande partido político del país, el cual, a su vez, es el que tiene mayor control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como, por el propio Poder Judicial, han provocado efectos negativos en la economía.
Lo primero es la desaceleración de los sectores que más dinamismo muestran tradicionalmente en el país, tales como el turismo, el comercio, la manufactura nacional y de zonas francas y la inversión extranjera directa.
Estos sectores, además de contribuir con la generación de empleos y de inducir hacia la demanda interna, son importantes generadores de divisas. Las estadísticas oficiales muestran que todos se han desacelerado en su ritmo tradicional de crecimiento.
No es casual, entonces, que la economía medida por el producto interno bruto (PIB), que el año pasado registró un crecimiento de 7%, para este año posiblemente no alcance el 5% y, en caso de alcanzarlo, será con el incentivo “artificial” de áreas que contribuirán a mejorar un poco las cifras.
A eso se agrega el hecho de que, en procura de resguardarse ante la eventualidad de una crisis económica provocada por los conflictos políticos internos e influenciada, además, por el adverso panorama económico internacional, optan por detener o posponer cualquier proyecto de inversión local y, por el contrario, tratan de convertir sus capitales de moneda nacional a moneda dura, lo cual presiona seriamente la tasa de cambio.
El problema viene por el hecho de que este año ha estado matizado por enfrentamientos y competencias de tipo político, ya sea con intentos fallidos por modificar la Constitución y forzar una reelección presidencial, por la insistencia de dos principales líderes políticos del partido oficial de bloquearse uno a otro, sin importarles las consecuencias o los daños colaterales que pudieran causar o porque simplemente, sin darse cuenta, ya la organización que dirigen llegó a un nivel de desgaste natural que pudiera conducirle a su salida del poder luego de 16 años consecutivos de administración de prácticamente los tres poderes del Estado.
Pero todo lo que hemos descrito se refiere a este año, que ha estado cargado de situaciones políticas, pero no es un año electoral. Esto indica que lo peor está por venir, ya que el año electoral es el próximo 2020, cuando tendremos una competencia comicial en febrero para elegir a los alcaldes, directores municipales y regidores.
Luego, en mayo del mismo año, se celebrarán las elecciones presidenciales y congresuales, que incluyen la elección de senadores y diputados, con el agravante de que es muy posible que haya una segunda vuelta electoral a finales de junio, para luego esperar al 16 de agosto cuando ha de producirse un cambio en la administración.
Todos esos procesos electorales, precedidos de intensas campañas políticas, han de afectar aún más nuestra economía, si nuestras autoridades, encabezadas por el presidente Danilo Medina, no se ocupan de prestarle la atención debida, por lo menos para contribuir para que quienes asuman el poder en agosto no se enfrenten al riesgo de una crisis mucho mayor.
