Cuando una institución pública, es decir, del Estado, cumple con la función que le da razón de existir no hay que aplaudir. Lo lógico es que ejerza su autoridad conforme a las leyes que le dan potestad.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) es, sin embargo, una de esas entidades públicas que trabaja prácticamente “a mano pelá”, con escasísimos recursos y sin las herramientas coercitivas necesarias para aplicar al 100% las leyes 358-05, de Protección al Consumidor, y 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
Proconsumidor, que se hace acompañar de la fuerza pública para intervenir en los casos de cierres o suspensión de operaciones de negocios que no cumplan con los requerimientos básicos para comercializar un bien o servicio, hace un trabajo loable que debe ser apoyado de manera más fuerte por el Estado.
Cuando Proconsumidor cierra una planta procesadora de agua embotellada que opera fuera de ley, sin registro sanitario ni industrial; con un personal sin la más mínima preparación, con un proceso de higienización inadecuado y, en los peores casos, falsificando etiquetas de empresas reconocidas, tiene un impacto directo en el bienestar de la población. Sin embargo, también lo tiene de manera positiva, en términos económicos, en las compañías que sí actúan correctamente y cumplen con todos los requisitos de ley, especialmente en lo referente al cuidado de la salud humana.
¿Cuántas plantas embotelladoras de agua “potable” hay en el país que operan sin las condiciones básicas de salubridad? Ese número es prácticamente imposible conseguir para Proconsumidor? ¿Por qué? Porque no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo una tarea tan importante para beneficio de la población. ¡Apoyémosle!
