Santo Domingo.- La red de apoyo laboral y sindical a los trabajadores inmigrantes haitianos depositó este jueves un documento en la Embajada de Haití, en demanda de que el presidente Michel Martelly gobierne con políticas públicas que contribuyan a erradicar la situación de extrema pobreza en la que se encuentra sumergida esa nación.
Los sindicalistas, que están afiliados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), abogan por que el Gobierno cree un régimen de democracia con justicia social, en donde los nacionales haitianos se sientan seguros de ejercer el derecho de emigrar como a no emigrar.
Tamara Normil, vocera de la organización, responsabiliza al presidente Martelly de no identificar la pobreza como responsable de arrastrar a los haitianos a emplearse por necesidad y vivir en la incertidumbre en las peores condiciones en tierra dominicana.
“Haití no es un país pobre, sino un país empobrecido; nosotros somos inmigrantes, somos trabajadores, no queremos ser tratados de manera diferente, porque no venimos de nuestro país a quitarle el trabajo a los dominicanos, lo hacemos por necesidad”, explicó.
Los trabajadores inmigrantes en el país aseguran que a raíz del terremoto en su nación el 12 de enero del 2010, sufren más necesidades de las que ya existían.
Consideran que a consecuencia del sismo, Haití cambiaría la política de gobernar y el Presidente podría crear la oportunidad de reconstrucción de la nación sobre bases firmes, pero aseguran que a pesar de haberse cumplido cinco años de lo ocurrido siguen desamparados.
Rafele Samedi, representante de los trabajadores emigrantes, dijo que en el año 2010 mediante el movimiento sindical global, encabezado por la Confederación Sindical Internacional (CIS), se había redactado un documento en donde proponían soluciones a la injusticia social de los nacionales haitianos, sin embargo no fue tomado en cuenta.
Expresó que los haitianos no ven acercarse la oportunidad de mejorar su calidad de vida, a pesar de que la nación ha recibido cuantiosos recursos proporcionados de la cooperación internacional.
“En nuestro periplo migratorio hemos sufrido situaciones que ameritan la atención y cooperación del gobierno haitiano, lo mínimo que pueden hacer es la facilitar los documentos necesarios para que se puedan regularizar”, dijo.
Samedi indicó que los trabajadores inmigrantes en República Dominicana envían a Haití más de US$300 millones al año en remesas, superando los US$1,000 millones como aporte de mano de obra al Estado dominicano.
“Si estuviéramos documentados podríamos ser sostenedores del sistema de seguridad social y recibir los servicios de salud y pensiones junto a nuestras familias, sin que se nos tilde de ser una carga para la nación dominicana”, agregó.
