En un mes negro para las mujeres en República Dominicana, con al menos ocho feminicidios conocidos hasta la fecha, grupos de derechos humanos cuestionan la veracidad de las estadísticas oficiales, que registran una aparente disminución de estos crímenes.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció como un logro el descenso del 25% en el número de feminicidios en lo que va de año, lo que mantiene la tendencia a la baja registrada el año pasado y convertiría 2019 en el mejor de los últimos 14 años.
Entre 2005 y noviembre de 2019, la PGR contabiliza 1,295 feminicidios, pero estos números distan ampliamente de los que publica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que, en un período menor, entre enero de 2010 y septiembre de 2019, ha sumado 1,795 mujeres asesinadas en República Dominicana.
Por estas cifras, la CEPAL posiciona a República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios.
Las discrepancias han llevado a grupos feministas y de derechos humanos a sospechar de que la PGR camufla los datos.
¿Por qué esta discrepancia?
El delito de feminicidio no está tipificado en el Código Penal dominicano ni descrito en una ley; y la Fiscalía solo contabiliza los casos ocurridos en el entorno “íntimo” entre parejas.
“Feminicidios son los que los ejecutan la expareja o pareja. Solo los íntimos”, resumió la portavoz de la PGR, Julieta Tejada, en declaraciones a Efe.
Por ello, este año solo contabiliza 66 feminicidos, de un total de 114 asesinatos de mujeres, en un país de 10 millones de habitantes.
El organismo atribuye el descenso a la implementación del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, que lleva a cabo desde hace dos años y contiene 22 acciones de prevención y combate a estas agresiones.
Un cambio de metodología
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, atribuye la discrepancia entre las estadísticas a un cambio en la metodología que el órgano persecutor hizo en 2017 para inventariar los feminicidios.
Ni los portavoces de la Fiscalía ni su departamento de estadísticas han sabido informar a Efe de si, en efecto, se produjo este cambio de metodología y en el Portal de Transparencia de la PGR ya no figuran las publicaciones anteriores a 2017, por lo que no se pueden comparar los datos.
“Obviamente, en el caso de la Procuraduría, hay una mala intención en ese cambio de metodología”, dijo a Efe el portavoz de Participación Ciudadana (PC), Carlos Pimentel, agregando que, más que ocultar el número de feminicidios, manejan el registro de una manera confusa.
Y es esa imprecisión la que, a juicio de Pimentel, no permite dimensionar la realidad del problema y por ende, adoptar políticas públicas adecuadas.
Sin embargo, según un informe presentado el pasado marzo por PC, es altamente probable que la PGR esté imputando, al menos, un 37 % menos de casos de feminicidios desde 2016.
Las voces del activismo
Los grupos Coordinadora de Mujeres del Cibao y Movimiento Feminista Hermanas Mirabal calculan que, en los últimos cuatro años, la cifra anual de asesinatos de mujeres oscila entre 180 a 200, un dato que, a su juicio, las autoridades “minimizan”.
“Esto tiene mucho que ver con la desprotección que tienen las mujeres dominicanas cuando acuden a la Justicia a denunciar a sus parejas y exparejas por amenazas y malos tratos”, dijo a Efe la portavoz de estos dos grupos, Raquel Rivera.
La activista denuncia que las autoridades no tratan los asesinatos como feminicidios a menos que la parejas o exparejas sean detenidos o acusados por sus parientes como sospechosos del crimen.
La misma suerte corren las haitianas residentes en el país, que ni siquiera son incluidas en las estadísticas, según la activista.
El caso más reciente, el pasado lunes, es el de una mujer haitiana fue asesinada en Baní, supuestamente a manos de su pareja, pero la Fiscalía no ha respondido a la pregunta de Efe de si se investiga como un feminicidio.
La ley detenida en el Congreso
Entre los problemas que impiden la protección de la mujer, se encuentra la demora del Congreso Nacional en aprobar el proyecto de ley para crear un “sistema de apoyo integral” para la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero se encuentra estancado en el Congreso desde el 2012.
“Cuando el Estado no da una respuesta efectiva, se convierte en cómplice”, dice la activista Sergia Galván, organizadora de la manifestación contra la violencia hacia la mujer que tendrá lugar este domingo.
Asimismo, Galván resalta los altos niveles de impunidad que han permitido salir en libertad a hombres que habían agredido a sus parejas y que, aprovechando su salida de la cárcel, las mataron, como ocurrió en dos casos recientes que estremecieron a los dominicanos, los de Anibel González y Juana Domínguez Salas.
“Recibir justicia en caso de violencia resulta altamente costoso para las mujeres, porque tenemos un sistema que no tiene una respuesta integral”, criticó Galván.
