Las autoridades monetarias, encabezadas por el Banco Central, han tenido en este año 2019 uno de los períodos de mayores desafíos en su constante tarea de garantizar la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de la economía y los controles en los indicadores de precios y de devaluación.
Este año la economía medida por el producto interno bruto (PIB) crece a un ritmo cercano al 5%, lo cual es satisfactorio si nos comparamos con los bajos crecimientos exhibidos por la mayoría de los países de América Latina, pero se torna bajo si lo comparásemos con el robusto 7% de crecimiento que mostró el país durante el pasado 2018.
Una economía desacelerada, marcada, especialmente, por la caída de sectores que tradicionalmente crecen de forma sostenida como el turismo, que desde hace alrededor de una década no mostraba números negativos. También están las cifras de decrecimiento en las dinámicas telecomunicaciones, mientras las exportaciones nacionales y de zonas francas siguen en una especie de estancamiento, con un crecimiento muy limitado.
Un ambiente de incertidumbre política en el ámbito local se combinó con aspectos externos para agravar más la situación, frenando la demanda interna de bienes y servicios, aunque aumentando el interés de los actores económicos de convertir sus pesos en dólares, con lo que la devaluación superó el 5%, cuando el promedio anual era de 3% en la pérdida del valor del circulante local.
Las autoridades del Banco Central no se quedaron de brazos cruzados, emprendieron medidas de política monetaria necesarias no sólo para revertir la parálisis de la economía, sino también para cubrir en parte la inacción del Estado en cuanto a las necesarias medidas de política fiscal.
La liberación de más de 35,000 millones de pesos del encaje legal para que el sector financiero lo ponga a disposición de los sectores económicos a una tasa de 9% anual fija por hasta seis años fue de gran impacto para incentivar la demanda interna, no solo para los beneficiarios de los préstamos, sino también para las propias entidades financieras que obtienen atractivas ganancias cuando colocan dinero liberado del encaje legal.
Esa liberación de dinero a bajo costo se combinó con la decisión, también de las autoridades del Banco Central, de reducir la tasa de interés de política monetaria de 5.5% a 4.5% en partidas aplicadas convenientemente en determinadas épocas del año.
Esas decisiones de poner a disposición de la economía dinero en abundancia y más barato, en términos de interés en cada financiamiento, contribuyó con un aumento de la demanda interna que dinamizó un poco la economía y evitó una desaceleración mayor. Todo esto con la ventaja de que los precios medidos por el índice de precios al consumidor (IPC) no han aumentado sobre la meta previamente establecida de un promedio de 4% más o menos 1%.
Pero lo ocurrido este año es solo un preludio de lo que parece que sucederá con la economía durante el próximo 2020, en el que no se visualizan señales que permitan concluir que habrá una mejoría en cuanto a los indicadores de crecimiento.
En efecto, por tratarse de un año electoral, con elecciones municipales en febrero, congresuales y presidenciales en mayo y posiblemente de segunda vuelta presidencial en junio, es seguro que habrá un aparente “dinamismo” de la economía en todo el período de campaña, especialmente porque el gasto público tiende a aumentar.
El problema es que se trata de un dinamismo económico artificial, provocado por un calentamiento coyuntural de la demanda interna y no por un aumento de la productividad. De ahí que, una vez concluida la campaña electoral, será imprescindible adoptar medidas de austeridad que desacelerarán la economía y alejarán las intenciones de un crecimiento superior al que se va a alcanzar este año.
No hay dudas de que, si este año ha sido de grandes retos para las autoridades monetarias, el próximo lo será también, tal vez en mayor proporción, pues se sabe que, por lo menos antes de agosto, no habrá medidas de corte fiscal que ayuden a mejorar la capacidad recaudatoria del Estado o, por lo menos, el control en el ya exagerado gasto público en un año electoral.
