República Dominicana es un país relativamente seguro. Sin embargo, poseer un arma de fuego, con o sin documentos, se entiende como una necesidad ante los episodios de inseguridad demostrados por las estadísticas oficiales y los subregistros de hechos violentos.
¿Qué piensa la sociedad en torno al comercio de armas de fuego? Este sector de la economía, a pesar de la necesidad que haya o no de tener una, es mal visto por un segmento que lo relaciona con la violencia. En República Dominicana, el Decreto 309-06, emitido en 2006 por el entonces presidente Leonel Fernández, prohíbe la “importación de armas de fuego, partes y sus respectivas municiones para el comercio con particulares”. Las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras instituciones afines a la seguridad nacional están exentas.
Para marzo de este 2019, en República Dominicana existían unas 236,678 armas de fuego registradas, es decir, las que son legales en poder de la población. De esta cantidad, un 61.65% corresponde a pistolas y el 28.28% escopetas, según el Sistema Nacional de Armas (SISNA), del Ministerio de Interior y Policía (MIP).
Las personas vinculadas al negocio aseguran que desde hace casi 13 años la adquisición de forma legal de un arma se ha vuelto toda una odisea. Por esta razón, justifican, los precios se han encarecidos y se ha agotado la existencia en los almacenes de las armerías. Le pasó a Jesús Núñez, un abogado y administrador de propiedades, quien trató de comprar un arma. Luego de visitar algunas armerías tuvo que desistir. La Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece, en su artículo 14, que es necesario tener 30 años o más para portar un arma son 30, pero aún él está por debajo de esa edad.
¿Por qué Núñez quería comprar un arma? Justifica su intención de estar armado porque tiene bajo su responsabilidad diversas propiedades y, en ocasiones, se ve en la necesidad de andar con cantidades significativas de dinero mientras circula para las calles. A su entender, sus responsabilidades pueden ser atractivas para los delincuentes.
“Cuando una persona tiene que hacer algún pago o andar por lugares lejanos se pone en peligro. Los malhechores pueden acechar y un arma puede alejarlos. Las armas de fuego son como los seguros de los carros, es importante tenerlas, pero se espera nunca tener que usarlas”, valora Núñez. A pesar de que la Ley 631-16 establece que la edad mínima para portar un arma son 30 años, el Boletín Trimestral de Interior y Policía enero-marzo 2019 establece que un 0.72% menores de 30 tiene licencias registradas.
En el primer trimestre de este año el 87% de los trámites realizados estuvieron relacionados con renovaciones de licencias, el 11% con traspasos y menos de 2% para licencias nuevas y asignaciones.
En el mismo período fueron incautadas 705 armas de fuego por el Ministerio de Defensa (320) y el Ministerio Público (318).Desde 2006 a junio 2019 el país ha importado armas por un valor de US$120,868,820 de 32 países de América, Europa, África y Asia, según los datos de importaciones de armas suministrado por la Dirección General de Aduanas (DGA).
El informe indica que desde la promulgación del citado decreto al país han entrado revólveres, pistolas, armas de caza, armas largas y pistolas de muelle (resorte), aire comprimido o gas; porras, bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles. Sólo en 2006 se importaron US$4.5 millones.
En 2007 las importaciones aumentaron un 11% con relación al año anterior, unos US$474,176 más, totalizando US$4.9 millones. Para 2008 el Gobierno otorgó una gracia a las armerías para la importación de escopetas y cartuchos de municiones. Esta decisión provocó un aumento de un 76% la entrada armas y municiones, llegando a US$20.9 millones.
Las estadísticas indican que en 2014 se realizó la mayor importación luego de la prohibición, pues el monto llegó a US$28.5 millones. La DGA califica como “reservada” la información de quiénes fueron los importadores de los cargamentos.
Principales suplidores de armas de fuego
Los tres principales exportadores de armas hacia República Dominicana, entre 2006 y 2019, son Estados Unidos, México y Brasil. Los suplidores estadounidenses representan el 58%, es decir, alrededor de US$70.8 millones.
El segundo lugar lo ocupa Brasil, con un total de US$27.5 millones, un 22%. Las importaciones desde México, en el período analizado, totalizaron US$4.9 millones, un 4%. También se realizaron compras desde Turquía (US$2.8 millones) e Italia (US$2.3 millones).
La adquisición de armas de países como China, Pakistán, Perú, Alemania, Rusia, entre otros, no sobrepasa el millón de dólares. El vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad (Adesinc), Salvador Montás Uribe, ve cada unidad como el sustento de varias familias, pues estima que hay dos empleos por cada arma.
La asociación aglutina cerca de 70 empresas, las cuales representa el 78% de los empleos formales de seguridad privada. Montás Uribe plantea la necesidad de que el Estado entienda la importancia de estas empresas y revise los efectos del Decreto 309-06 sobre su desempeño. A su entender, la demanda de servicios de seguridad ha aumentado, mientras que la importación de armas ha caído.
Indica que Adesinc contribuye con alrededor de 82 millones de horas de vigilancia anuales al país, lo que fortalece la seguridad nacional. La entidad cuenta con unos 22,000 empleados, equivalente al 60% de los oficiales de policías que tiene el país.
Las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada pagan al año RD$300 millones al Estado en impuestos, además de RD$3,000 millones en pagos de nómina a empleados y contribuyen con RD$457 millones a la seguridad social. Para la capacitación de los empleados, Adesinc tiene acuerdos con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) al cual paga RD$30 millones al año.
Impuestos a las armas de fuego
El ciudadano interesado en portar un arma debe pagar impuestos, someterse a un examen psicológico, a una prueba de polígono de tiro y a una de antidoping. Para una pistola el costo sería de RD$11,773 y para una escopeta el monto llega a RD$10,148.
Los pagos corresponden a: emisión original de tenencia de pistola (RD$6,345); de porte de pistola (RD$805); emisión original de tenencia de escopeta (RD$4,720), de porte de escopeta (RD$805) y prueba balística (RD$4,623).
El presidente de la Asociación de Armerías de República Dominicana, Edrisis Peralta, explica que la Ley 631-16 manda a dictar un decreto que al día de hoy no se ha podido concretizar, el cual terminaría con la veda de importación, con el fin de fortalecer a las empresas de seguridad privada.
Peralta aclara que la medida busca reforzar la seguridad privada. “Mientras mejor y más eficiente sean los servicios de seguridad en los bancos, los supermercados y otros comercios, esto ayuda a la disminución del raterismo y la criminalidad”, sostiene.
El también propietario de la armería Peralta y Asociados apunta que ha sufrido una baja en las ventas, pero que ha logrado mantenerse en el negocio porque es proveedor del Estado. Comenta que no está en contra de ninguna regulación, más bien, explica que mientras haya más transparencia, será mejor para el mercado.
Advierte que la prohibición de las importaciones hace que aumente el contrabando y la ilegalidad en la obtención de armas y municiones. Explica que las armerías han experimentado la baja y que muchas, para poder sobrevivir, están intermediando entre los civiles que quieren vender o comprar armas. Pero se mantienen en el negocio, dice, con la esperanza de retomar las importaciones.
De su lado, Henry Tejeda, propietario de Armería Tejeda Álvarez & Asociados, uno de los importadores de armas y municiones más grandes del país, indica entre los años 2000 y 2006 las ventas anuales oscilaban entre RD$100 millones y RD$150 millones, pero que ahora han descendido a menos de RD$5 millones.
Tejeda, con 24 años en el negocio, considera que el problema de la violencia asociada a las armas “no está en las armas, sino en quienes las portan”. Debido a la prohibición los precios se han encarecido. “Una escopeta que antes se encontraba en el mercado en RD$100,000, en la actualidad se encuentra en RD$175,000, no porque la inflación haya hecho que aumenten los precios, sino por la escasez en el mercado local y la prohibición”.
Señala dos funciones básicas en la posesión de un arma de fuego: resguardar la familia y cuidado de las propiedades. Tejeda indica que las importaciones que se están haciendo son para empresas e instituciones específicas, no para la comercialización. Las importaciones de municiones que se han hecho luego de la resolución se han realizado con permisos especiales.
Las armas de más abundancia en el mercado local son la pistola calibre 9 milímetro y el revólver calibre 38, porque antes de la resolución eran las permitidas para el comercio.
Incidentes
Dentro de las consideraciones para la promulgación de la Ley 631-16 está que “la proliferación de armas de fuego en la sociedad dominicana pone en riesgo la vida e integridad física de los habitantes de la República, debido a la relación existente entre hechos violentos y armas de fuego”.
Uno de los objetivos de la ley es “prevenir y controlar el uso de las armas por parte de la población civil, las armas utilizadas por los militares y policías fuera de reglamento, así como promover el desarme paulatino de la población, mediante el establecimiento de un régimen jurídico”.
Durante 2018 el Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC-RD) registró 2,145 lesionados intencionales por armas de fuego, siendo domingo y lunes los días con mayor incidencias, 118 y 53, respectivamente. Entre los afectados, 526 personas murieron.
Según el OSC-RD, la provincia donde ocurrieron más hechos violentos relacionados con armas de fuego fueron: Barahona, con el 15% de los casos, seguido por Puerto Plata (un 11%), La Altagracia (un 9%) y Santo Domingo (un 5%). En 2017 los homicidios con armas de fuego registrados alcanzaron los 614.
En lo que va de año se han reportado 149 armas de fuego robadas, 34 en el primer trimestre, siendo marzo, con 21, el mes con más casos reportados. Las estadísticas establecen que 14 fueron recuperadas, mientras que en el segundo trimestre aumentó un 238.3%, alcanzando las 115 armas robadas.
En el país ocurren 9.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, un 48% involucra armas de fuego, de acuerdo al MIP. Entre enero y junio de este 2019 se contabilizaron 1,069 lesionados por armas de fuego.
Los indicadores del OSC-RD establecen que la mayor cantidad de heridos con armas de fuego que fueron reportados en 2017 son de personas que convivían juntas, 6 heridos de 10 reportados. Mientras que de heridos en actos vandálicos tiene una tasa de 3.31. En 2016 y 2018 el OSC-RD recoge 6 casos de heridos con armas de fuego en cada año, existiendo paridad en los actos vandálicos e incidentes en los hogares.
Mercado latinoamericano de armas
El Instituto Nacional de Salud de Colombia y Observatorio Nacional de Salud (ONS) realizaron un estudio que plantea que para 2016 hubo más de 250 mil muertes por armas de fuego en todo el mundo. Señala que el 64% se debió a violencia homicida, un 27% corresponde a suicidio y el restante se trató de lesiones accidentales. Los países de América donde mueren más personas por armas de fuego son: Brasil, Estados Unidos, México y Colombia.
Mujeres y el uso de armas de fuego
En República Dominicana existe una gran disparidad entre géneros con relación al porte de armas de fuego, según los datos, el 96% de las armas se encuentra en manos masculinas, y solo el 4% son propiedad de mujeres, según el Boletín Trimestral de Interior y Policía enero-marzo 2019. Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, en el país había un total de 9,445,281 personas, de las cuales el 51% (4,739,038) era de sexo masculino y el 49% femenino (4,706,243).
El 35.4% de las armas registradas en el país se encuentra en manos de personas de 60 años de edad o más, el 28.42% tiene entre 50 y 59 años y el 24% entre 40 a 49.
