El próximo 16 de agosto República Dominicana estrenará un nuevo Presidente, el cual puede ser del partido que actualmente gobierna o de un partido distinto, pero en todo caso, será un nuevo mandatario, porque el actual no se está reeligiendo.
El inicio de una nueva gestión gubernamental da paso a una especie de período de gracia o de “luna de miel”, que por lo general incluye los primeros 100 días, donde la población, en sentido general, tiende a ser tolerante y a aceptar las medidas correctivas que adopte el nuevo Presidente.
Sin embargo, ese período generalmente no es bien aprovechado por los nuevos presidentes. En lugar de presentar las propuestas más impopulares, pero de mejores efectos positivos hacia el mediano plazo, lo que hacen es tomar medidas “populistas” que no resuelven ningún problema y sólo tienden a impactar en la opinión pública y no así en una mejora de la operatividad del Estado hacia los meses y años por venir.
Medidas como la reducción de los salarios de los funcionarios del Gobierno, planes de austeridad parciales en determinadas instituciones, órdenes de reducción de consumo de combustibles, anuncios de ahorro de energía en las entidades públicas y supuestos cambios de flotillas de vehículos de alto consumo por otros menos costosos, sólo tienden a aumentar el populismo del gobernante de turno sin que eso surta los efectos adecuados, no sólo porque en sí mismas son decisiones incorrectas, sino porque, además, no se cumplen.
Los primeros 100 días deberían ser aprovechados para tomar medidas drásticas, aquellas con costo político, que solo afectarán la popularidad del mandatario en los primeros meses y luego, con los frutos que surtan esas impopulares decisiones, el jefe de Estado recuperará la popularidad perdida.
Desde esta columna albergamos la esperanza de que el nuevo Presidente que asuma el mando en agosto, tras ganar las elecciones de mayo (o junio si hay segunda vuelta) considere los grandes desafíos que presenta el próximo cuatrienio y asuma con firmeza la necesidad de abrir la discusión en torno a un pacto fiscal que debería estar listo para su aplicación en enero de 2021.
Ese pacto fiscal no solo debe ser una propuesta enfocada en las necesarias fuentes de ingresos del Estado, ya sea ampliando bases imponibles de impuestos, simplificando los procedimientos del Código Tributario, revisando las exenciones fiscales, entre otros aspectos.
Además, debe incluir una seria revisión del tamaño del Estado dominicano, tanto en las necesarias instituciones que operan con una burocracia mucho más grande que la necesaria, como de aquellas entidades públicas que hace muchos años ya perdieron su razón de ser y deben ser disueltas o fusionadas con otras.
La mejor etapa para achicar el Estado y reducir el gasto público sin provocar efectos de costo político es durante un cambio de gobierno, pues se sabe que siempre hay sustituciones, salidas de empleados públicos, remociones e ingresos de otros.
No es un secreto que en este país los gobernantes generalmente llegan a los puestos con una cantidad extraordinaria de compromisos políticos y hasta económicos que deben pagar de diversas formas desde la dirección del Estado, pero tampoco se puede perder de vista que el Presidente de la República tiene un compromiso con la Nación y consigo mismo.
Pasar por la administración estatal sin dejar un legado valioso de cambio que haya contribuido con una mejora en algún o algunos aspectos del país no tiene mucho sentido. Lo ideal es que nuestro nuevo gobernante sepa equilibrar entre los compromisos y las necesarias medidas que por drásticas que sean son necesarias y no aguantan más postergación.
El crecimiento y la estabilidad macroeconómica exhibidos por este país durante los últimos tres lustros ha estado más sustentado en medidas de política monetaria, debido a la resistencia del Gobierno por tomar medidas de tipo fiscal.
De hecho, el Pacto Fiscal no fue tratado durante los últimos dos cuatrienios de gobierno del presidente Danilo Medina, algo que se atribuye, principalmente, a su temor de perder popularidad e intención de continuar dirigiendo los destinos del país más allá de lo programado.
Le tocará al próximo gobernante la responsabilidad de asumir con seriedad el necesario Pacto Fiscal.
