Se estima que alrededor de 32,072 empresas en territorio nacional podrán regularizar su situación con la Seguridad Social, gracias de la Ley 13-20, que elimina los recargos e intereses de los empleadores con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), permitiendo que estos se pongan “al día” y afiliar a todos sus trabajadores. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) serán las más beneficiadas.
Así lo afirmó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el economista Juan Ariel Jiménez, al explicar que más agentes económicos- personas físicas y jurídicas- contribuyan al Sistema de Seguridad Social de una forma constante, al saldar sólo el capital adeudado de pensiones.
Enfatizó que esta ley permite que esas empresas, luego de su regularización, “podrán ser proveedores del gobierno y de empresas formales grandes”.
Agregó que alrededor del 98% de la deuda actual de los empleadores con la TSS son por intereses (RD$3,763 millones) y recargos (RD$485,334 millones) por retraso de pagos. La misma, reveló, asciende a RD$501,774.4 millones. El importe de la deuda suma RD$12,676.5 millones, sobre la base de 1 millón 43 mil facturas pendientes de pago.
El funcionario explicó, durante el desayuno informativo con la prensa económica, que las leyes promulgadas entre septiembre de 2019 (Ley 397-19) y febrero de 2020 (Ley 13-20) constituyen avances significativos en el proceso de reforma del Sistema de Seguridad Social de República Dominicana y establecen una mejor organización institucional y abre el acceso a más personas que serán protegidas con pensiones y servicios de salud.
Explicó que los alcances de la Ley 397-19, que crea el Instituto Dominicano de Prevención Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), y la Ley 13-20, que fortalece la TSS, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y baja las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones.
El titular del MEPyD planteó que a partir de los cambios la TSS y la DIDA no sólo se convierten en entes descentralizados y con personalidad jurídica, sino que reciben más ingresos para sus operaciones de la eliminación de la comisión administrativa de las AFP y del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia, respectivamente.
La TSS ahora recibirá el 0.1% del salario cotizable para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del sistema de capitalización individual y del sistema de reparto. Este ingreso proviene de la eliminación de la comisión administrativa de las administradoras de fondos de pensiones, dijo el ministro.
Por su lado, a la DIDA se le transferirá el 0.05% del salario cotizable para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del sistema de capitalización individual y del sistema de reparto, una partida sale del 1% del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia.
Desafíos
Mientras que corregir las desigualdades económicas y sociales de la población, en lugar de ensancharlas, respecto al sistema de Seguridad Social de República Dominicana, es el gran reto que tiene pendiente el país.
“El gran reto que tiene la Seguridad Social y la necesidad de una reforma integral que tenemos por delante, es la equidad”, afirmó Jiménez.
Indicó que el sistema actual de Seguridad Social se basa mucho en el mercado laboral, porque su fuente principal es el sueldo de las personas, ya que parte de “nuestros sueldos” va a cotizar a pensiones, salud y riesgos laborales.
Entre los principales desafíos, el ministro destacó cuatro ejes: la inclusión de la población de difícil acceso desde el mercado laboral; salud, con la reducción de la fragmentación, prevención de enfermedades y garantizar la efectiva protección de los derechos de los afiliados.
En pensiones, mejorar la tasa de reemplazo (porcentaje último salario al momento del retiro) y preservar seguro de salud durante el retiro; y de gobernanza, que permita facilitar y agilizar la toma de decisiones.
El ministro Juan Ariel Jiménez estuvo acompañado en la actividad por el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos; el Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto; el Tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá, así como el economista del Ministerio de la Presidencia y Asesor de Ley de la Seguridad Social, Víctor Jiménez.
