Cuando se evalúan las gestiones gubernamentales del presidente Danilo Medina (2012-2016 y 2016-2020) se puede concluir, grosso modo, que tiene más luces que sombras en cuanto a ejecutorias de inversión social, obras de infraestructura y otros avances.
La reducción de la pobreza de un 39% en 2012 a un 22% al cierre de 2019, así como de la pobreza extrema de 9.9% a 2.8% en igual período es un logro extraordinario. Ese logro va acompañado con una reducción de la hambruna y mejoría de la condición de vida de una proporción de la población rural del país.
A eso se agregan otros logros sociales, como la reducción del analfabetismo, aumento de la formalidad laboral con el incentivo a la creación de miles de nuevas micro y pequeñas empresas y la asistencia social en materia de salud, con nuevos hospitales; en educación, con la tanda extendida y más desayuno y almuerzo escolar. Pero no se debe perder de vista que en educación no se ha logrado el avance fundamental, que es el de la mejoría de la calidad de la enseñanza y consecuentemente del aprendizaje.
Otros logros atribuibles al presidente Medina y su equipo son las importantes obras de infraestructura y de asistencia como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la construcción de más de 4,000 kilómetros de calles y avenidas, construcción y reparación de más de 50 hospitales, construcción de cerca de 30,000 nuevas aulas, el levantamiento de proyectos habitacionales como La Nueva Barquita, Boca de Cachón y próximamente el Domingo Sabio, así como la construcción del teleférico como transporte público subsidiado que enlaza con el Metro de Santo Domingo.
Sin embargo, no deben perderse de vista otros aspectos en los que el presidente Medina y el equipo que le ha acompañado en estos dos cuatrienios no ha logrado presentar resultados satisfactorios para la población. En otros, incluso, se nota un empeoramiento al compararlo con lo que había antes.
El primer lugar, el presidente Medina no cumplió con la concreción de los tres grandes pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que son el Pacto Educativo (aprobado y aplicado de forma parcial), el Pacto Eléctrico (consensuado en un 95% sin que se haya podido firmar) y el Pacto Fiscal (el más necesario de los tres y sobre el que no se hizo ninguna gestión).
Tocará a la próxima gestión gubernamental gestionar con urgencia un Pacto Fiscal que ofrezca al país alternativas enfocadas en varios aspectos, como son la reducción del gasto público en áreas innecesarias, la eficiencia del gasto público en áreas donde se debe mantener, la revisión de las exenciones fiscales a determinados sectores y la identificación de fuentes de recaudación, no sólo mediante nuevos impuestos o ampliación de impuestos existentes, sino, más bien, de lucha efectiva contra la evasión y elusión fiscal.
Otro aspecto en que la gestión de Medina presenta sombras es el endeudamiento público. Si bien es cierto que una parte importante de los niveles de endeudamiento no se puede evitar, debido a que se requiere el cumplimiento de los intereses y capital que se vencen cada año y que es preciso cubrir el déficit operativo dadas las diferencias entre ingresos y gastos, no menos cierto es el hecho de que es en estas dos gestiones gubernamentales en donde ha aumentado la deuda pública en la mayor proporción promedio año por año.
El próximo gobernante deberá coordinar con el sector privado, especialmente los de la industria nacional, estrategias efectivas para mejorar las exportaciones de bienes locales. Desde 2012 a la fecha, si excluimos las exportaciones minerales, tenemos que las exportaciones nacionales se han reducido en alrededor de un 20% anual, por lo que algo habrá que hacer para revertir eso.
Y un aspecto no tangible, pero de una extraordinaria importancia para un país en vía de desarrollo como este es el de fortalecer las instituciones y el respeto al orden y Estado de derecho. Para eso será positivo que el resultado electoral arroje un mejor equilibrio entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, de forma que la oposición obtenga un mayor control del Congreso Nacional, independientemente de quién dirija el Gobierno Central.
