La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles la Ley Climática Europea, que fija legalmente el 2050 como fecha límite para descarbonizar la economía de la UE pero que no revisa al alza los objetivos vigentes para 2030 ni exige a cada país que alcance la neutralidad climática a mitad de siglo.
“La Comisión propone el objetivo legalmente vinculante de cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2050”, señala la propuesta del Ejecutivo comunitario, que subraya que “las instituciones de la UE y los Estados miembros están obligados colectivamente a tomar las medidas necesarias” para alcanzar esa meta.
La iniciativa de la CE, que se parece más a una estrategia de acción que a una propuesta con acciones legislativas concretas, mantiene la meta de reducir al menos un 40% las emisiones de efecto invernadero al final de la década en relación con los niveles de 1990.
“Hoy estamos actuando para hacer que la UE sea el primer continente climáticamente neutral en 2050. La Ley Climática es la traducción legal de nuestro compromiso político y nos coloca en el camino irreversible hacia un futuro más sostenible”, declaró en un comunicado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.
La alemana, que se había comprometido a presentar el eje central del Pacto Verde Europeo para transformar medioambientalmente la UE antes de cumplir 100 días desde su toma de posesión al frente de la Comisión Europea, no explica cómo piensa acometer esa revolución energética.
Esa es precisamente la principal incógnita que aprecia la patronal europea BusinessEurope, que en un comunicado indica que “la cuestión no es sobre cómo de profunda es la transformación que se necesita” sino que “la cuestión clave es cómo llegar hasta ahí de una manera económica y socialmente factible”.
No es la única crítica. Organizaciones como Greenpeace y el grupo de Los Verdes en la Eurocámara también han mostrado sus objeciones, que ha recibido la propuesta de Von der Leyen, quien este miércoles se reunió con la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, invitada de excepción al Colegio de comisarios para ofrecer su punto de vista sobre la propuesta.
En la víspera de la presentación, Thunberg y otros activistas publicaron una carta abierta en la que calificaban de “rendición” la propuesta de la Comisión Europea, contra la que también han cargado organizaciones ecologistas como Greenpeace o Amigos de la Tierra.
La única propuesta realmente concreta, más allá de anunciar una consulta pública para que durante los próximos doce meses los ciudadanos den su opinión sobre la iniciativa, es la revisión en junio de 2021 de “todos los instrumentos políticos relevantes” para alcanzar el objetivo de descarbonizar la economía, meta con la que ya se habían comprometido todos los Estados miembros salvo Polonia.
Tampoco esa fecha recaba simpatías unánimes como demuestra que en once Estados miembros de la UE, entre ellos España, Francia e Italia, destacaran antes de la presentación que la iniciativa supone un “inicio prometedor” pero reclamasen a Bruselas que presente como muy tarde en 2020 y no en 2021 los planes para reducir aún más las emisiones en 2030.
La propuesta de la Comisión, que debe de ser adoptada por los Veintisiete pero no requiere por ahora que los países modifiquen sus legislaciones nacionales, establece también que a partir de septiembre de 2023 y cada cinco años, se vayan revaluando las medidas adoptadas por los Estados miembros para garantizar que se cumplen los objetivos de 2030 y 2050.
“La Ley Climática Europea es también un mensaje para nuestros socios internacionales”, declaró el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, quien agregó que la propuesta quiere mostrar a los ciudadanos que la CE va “en serio” cuando insiste en que la Unión Europea no emitirá más CO2 del que sea capaz de absorber en su propio territorio.
