La promulgación del reglamento que le da vida operativa a la Ley 47-20 de Alianzas Público Privadas no pudo ser en mejor momento. Todas las voces que se han pronunciado en torno a su necesidad para impulsar el desarrollo económico así lo establecen.
Las esperanzas están puestas en lo efectiva que pueda ser está legislación en la consecución de los proyectos de infraestructura que, al mismo tiempo, contribuirán con la recuperación de la economía dominicana en un contexto de pandemia por el covid-19.
“Las alianzas públicos privadas permitirán desarrollar los proyectos importantes de interés social que demanda el país para mejorar la calidad de vida de los dominicanos”, afirmó el presidente de la República, Luis Abinader, al momento de firmar el reglamento de aplicación de esta legislación.
De acuerdo con el jefe de Estado, la normativa permitirá al gobierno responder de manera proactiva, oportuna, flexible y legítima a las condiciones del mercado. El primer director de la Dirección General de Alianzas Público Privadas es Sigmund Freud Mena, quien al momento de su designación dijo por Twitter: “Asumimos el reto con humildad”.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, consideró que con la promulgación del reglamento de aplicación de la Ley 47-20 sienta las bases para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. “Con la presentación de este reglamento se contribuye a sentar las bases institucionales para que los agentes públicos y privados, de manera conjunta, puedan proveer, gestionar u operar bienes y servicios de interés social que permitan mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos”, explicó el empresario.
La ley fue promulgada el 21 de febrero de este año. Un año antes, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), en un análisis que le hizo al proyecto, destacó que República Dominicana tenía un entorno propicio deficiente para asociaciones público-privadas en infraestructura. Refirió que en términos de la madurez general, el país se consideraba como incipiente, y se ubicaba en decimoquinto lugar entre 19 economías latinoamericanas y del Caribe evaluadas en el Infrascopio del Fomim (2014), sin haber registrado ninguna mejora en los últimos años.
Para el asesor honorífico en turismo del Poder Ejecutivo y nuevo gerente general de la AFP Reservas, Joel Santos, la aprobación del reglamento de aplicación de la Ley de Alianzas Público Privadas deberá acelerar la recuperación económica al facilitar recursos para el desarrollo de la infraestructura que necesita el país, al tiempo que ayuda a la diversificación de los fondos de pensiones. El ejecutivo se pronunció a través de su cuenta de Twitter.
En iguales términos se pronunció, también en su cuenta de Twitter, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien considera que con la Ley 47-20 y su reglamento de aplicación el sector privado tiene una excelente oportunidad de contribuir junto con el sector público al desarrollo del país. “No tengo dudas de la capacidad y destrezas de su director general, Sigmund Freud”, consideró.
La Asociación de Industrias (AIRD) ha lanzado un decálogo de las alianzas público privadas porque, según la organización empresarial, representan una oportunidad de recuperación económica y creación de oportunidades para el país.
Según la entidad, la Ley de Alianzas Público Privadas representa un elemento clave para satisfacer demandas de infraestructuras y servicios sociales en República Dominicana de forma eficaz y eficiente. A su entender, establece un marco normativo moderno para regular las alianzas y garantizar seguridad jurídica, competencia y transparencia.
Para el experto en derecho económico, Jaime Senior Fernández, con la reciente promulgación de la Ley 47-20, República Dominicana cuenta con una moderna legislación que aglutina y mejora diversas disposiciones en la materia, que eran dispersas e incompletas. Sin lugar a dudas, dice, las alianzas público privadas representan una importante herramienta para facilitar el desarrollo nacional, ya que permite al Estado colaborar con inversiones (nacionales e internacionales) en la realización de proyectos en el país.
No obstante, advierte, uno de los elementos más cuestionados sobre este mecanismo es la preocupación de ciertos sectores de que a través de las mismas, el Estado asuma una importante proporción de los riesgos asociados con un proyecto, a la vez que ceda los beneficios económicos del mismo a favor de los inversionistas.
