El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2021, presentado recientemente por el Gobierno dominicano al Congreso de la República, para fines de conocimiento, discusión y aprobación, está resultando todo un desafío para las nuevas autoridades gubernamentales.
La introducción de nuevas cargas impositivas para incrementar los ingresos, sobre todo aquellas “orientadas a sincerizar la valoración de las mercancías importadas; contemplar la renta de los salarios y gravar los servicios digitales procedentes desde el exterior” han resultado molestosas para la población y han generado múltiples reacciones negativas que, entre otras cosas, han motivado la intervención pública por parte del jefe del Estado con fines de aclaración.
Resulta obvio, sin embargo, que los nuevos hacedores de políticas públicas erraron en el tiro al concebir estas nuevas figuras impositivas, al tiempo que demostraron poca creatividad al momento de diseñar un presupuesto que, justificadamente, fuera menos deficitario y permitiera obtener los recursos faltantes para hacer frente a los compromisos del Estado para el próximo año.
El problema con este tipo de propuesta es que se realiza en un momento en donde los estados, en todo el mundo, lo que están planteando es el establecimiento de incentivos a la población y a las familias, a fin de compensar la pérdida de consumo como consecuencia del cierre de empresas y la merma en los empleos.
Según las estimaciones, los nuevos impuestos, con un carácter transitorio según las autoridades, generarían unos RD$21,676.4 millones, lo que apenas representa un 2.9% de los ingresos totales proyectados para el 2021. Guardando la distancia con el concepto original que se tiene de economía de guerra, entiendo que la situación de crisis sanitaria y de crisis económica amerita darle un trato similar al Presupuesto dominicano. Las condiciones actuales son excepcionales y, como tal, excepcionales también deben ser las medidas a tomar.
Por ejemplo, un año escolar que se perfila virtual, podría no ameritar los más de RD$194,000 millones que se tiene previsto se invertirán en el sector educativo dominicano. Por ahí se puede identificar ahorros en combustibles, mantenimiento de vehículos, viáticos por reuniones, gastos de representación, entre otros, ya que la mayoría de las acciones se llevarán a cabo a través de plataformas electrónicas. También por ahí se puede perfilar un ahorro en el consumo de gas, ya que las cocinas de los centros educativos estarán apagadas, igual que otros insumos relacionados.
En definitiva, a las reducidas posibilidades de incrementar los ingresos en los momentos actuales, vía el incremento de impuestos –además de que la clase media no aguanta un peso más de carga tributaria-, la creatividad debe venir mayormente por el lado del gasto, pero siendo justos, serios y transparentes. En efecto, miren el presupuesto del Congreso y los incentivos a los diputados, a los partidos políticos; por igual, eliminen por un par de años los gastos en fiestas patrocinadas por el Estado y los gastos de publicidad de las instituciones públicas.
Si se pueden conseguir unos chelitos por aquí, una devolución de lo robado por allá, y un manejo pulcro de la cosa pública por ahí, no habrá necesidad de más impuestos ni de endeudamiento. Recuerden siempre lo que dijo en su momento el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele: “El dinero alcanza cuando nadie roba”, y también cuando se puede lograr que se devuelva lo robado.
