Para el próximo año 2021, en medio de la más grave crisis de salud y económica registrada en las últimas décadas provocada por la inesperada pandemia del covid-19, el país se debate entre el dilema de aumentar los ingresos vía incremento de impuestos o eficientizar los gastos y reducir o eliminar partidas que son obstáculos o trabas que cargan innecesariamente al ciudadano.
El primer camino escogido por la administración del presidente Luis Abinader fue aumentar impuestos que implicarían ingresos adicionales para el Gobierno por más de 38 mil millones de pesos.
Ante el grito oportuno y justo de la población, principalmente de la clase media, a través de las redes sociales, el mandatario puso la guagua en reversa, como reza la canción de Juan Luis Guerra, y decidió eliminar el paquete de impuestos propuestos inicialmente y anunció al país que había alcanzado un acuerdo con la minera Barrick Pueblo Viejo y con las instituciones de intermediación financiera para adelantar el pago de impuestos y recibir el monto equivalente que cubriría esa proporción de fondos.
Con la banca el Gobierno acordó el avance de impuestos futuros que serán amortizados con créditos fiscales por un período que será otorgado.
Mientras que con la minera Barrick Pueblo Viejo se acordó el adelanto del pago de regalías.
La propia minera informó en su página web en esta semana que también “acordó adelantar el pago de regalías para los años 2022 y 2023, estimado en US$95 millones de dólares (aproximadamente RD$5,543 millones de pesos), para apoyar la misión del gobierno… Pueblo Viejo no realizará descuento ni cobrará intereses sobre los pagos anticipados de regalías”.
En la propuesta de presupuesto que contempla gastos totales para el Gobierno Central por un monto de 1 billón 37,842.3 millones pesos, se incluyeron varias medidas para aumentar los ingresos del Gobierno en materia tributaria cuya repercusión directa afectaba a la clase media.
El proyecto de presupuesto planteaba cobrar dos impuestos, uno a los servicios digitales, y otro, que sería adicional, a las operaciones o consumos con tarjetas en moneda extranjera de 3%.
Además, la inclusión de nuevas tasas, como la colocación de un gravamen de un 1% sobre los activos financieros netos de la banca, un 8% provisional a las ganancias extraordinarias de las empresas durante la pandemia, entre otros.
La administración pasada de Danilo Medina también intentó hacer lo mismo para la propuesta de presupuesto de 2020.
Como se puede observar estos caminos conducían a impuestos que recaen directamente en el consumidor. Este siempre ha sido un dilema en los últimos años, pero uno se pregunta; ¿por qué no a acudir a una reingeniería profunda del gasto y empezar a recortar partidas innecesarias o improductivas para el país?
