Los nuevos impuestos que gravarán las transacciones financieras y la actividad de las grandes tecnológicas en España entran en vigor el próximo 16 de enero y aunque los expertos dudan de que logren la recaudación prevista, también descartan que vayan a suponer un lastre para la economía española.
El Gobierno español espera ingresar este año 968 millones de euros por el impuesto sobre determinados servicios digitales y 850 millones por el de transacciones financieras, unas cantidades que el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, no cree que se alcancen debido tanto a la crisis económica como a que los tributos necesitan un cierto tiempo para consolidar su capacidad de recaudación.
Los impuestos propuestos inicialmente en 2018 entrarán finalmente en vigor el 16 de enero, tres meses después de su aprobación, con el objetivo de “avanzar hacia la fiscalidad del siglo XXI”, según la ministra española de Hacienda, María Jesús Montero.
El impuesto sobre determinados servicios digitales grava con un 3% los ingresos que las grandes tecnológicas -aquellas que facturan más de 750 millones de euros (912 millones de dólares) en el mundo o más de 3 millones (3.6 millones de dólares) en España- obtienen de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
Por lo que respecta al impuesto sobre transacciones financieras, grava con un 0.2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con capitalización bursátil superior a 1,000 millones de euros.
En el ejercicio 2021, están sujetas a este impuesto las inversiones en empresas que superaban los 1,000 millones de capitalización el 16 de diciembre de 2020, un total de 57 compañías entre las que figuran Inditex, Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Amadeus, Cellnex, Endesa, AENA, Siemens, Naturgy o Telefónica.
