El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes cualquier modificación a su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y afecta a las empresas privadas, en especial las de energías renovables.
“Nada, es muy sencillo lo que se está planteando”, sentenció el presidente en su rueda de prensa matutina de Palacio Nacional, donde le cuestionaron si iba a cambiar siquiera una coma del polémico texto.
El mandatario se refirió a la iniciativa que envió la semana pasada al Congreso, que debe discutirse en un plazo de 30 días por ser de carácter preferente.
El principal cambio busca modificar el criterio del despacho eléctrico para priorizar la generación de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, la empresa del Estado, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.
Aunque la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados convocó a un parlamento abierto el próximo jueves y viernes para que empresarios y activistas opinen sobre la iniciativa, López Obrador adelantó que sus legisladores ya tienen la línea a seguir.
“Que allá se discuta, se debata, los legisladores nuestros surgieron en defensa de un proyecto de transformación y los opositores pues son los defensores del antiguo régimen, así de claro”, manifestó.
La iniciativa también ordenaría revisar los contratos del Gobierno con productores independientes de energía, eliminaría la obligatoriedad de las subastas eléctricas, restringiría los esquemas de autoabastecimiento y cambiaría las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para dárselos a la CFE.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha alertado que la reforma es una “expropiación indirecta”, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha denunciado un retorno al “monopolio” eléctrico.
Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) ha advertido de una violación al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Pero el mandatario defendió que el capítulo 8 del T-MEC trata sobre el “Reconocimiento de la propiedad, directa, inalienable e imprescindible del Estado mexicano sobre hidrocarburos”.
“A mí no me pagan los empresarios extranjeros, a mí me paga el pueblo de México”, expresó.
El líder izquierdista también insistió en su denuncia de que la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la inversión privada, se logró porque las empresas “repartieron millones de pesos a los diputados y senadores”.
“Es un buen debate y les vamos a sacar la cuenta de todo lo que se han llevado”, manifestó.
Como ejemplo, se refirió al magnate de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, de quien el presidente espera que “devuelva todo lo que se sustrajo del erario” por la venta a sobreprecio de la planta de Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ancira llegó la pasada semana a México extraditado desde España, y podría devolver 200 millones de dólares por el sobrecosto de la planta de fertilizantes comprada en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
