Hace casi quince años, un vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en su afán de enfrentamiento con los generadores privados de electricidad, presentó ante la opinión pública la “denuncia” de que había una planta en San Pedro de Macorís a la que “había que pagarle por estar apagada”.
Eso causó la alarma de algunos “hacedores de opinión pública”, que repetían esto como si fuera un delito o un acto de corrupción o abuso contra los intereses del Estado.
En realidad, se trataba y todavía se trata, de un “cobro por disponibilidad”, algo que no es negativo cuando se trata de situaciones especiales, como es el caso del mercado eléctrico, aunque no es una práctica exclusiva de este sector.
El cobro por disponibilidad se establece cuando una empresa o persona puede necesitar un determinado servicio y paga para tenerlo reservado, aunque finalmente no lo use.
Por ejemplo, usted toma un taxi que le cobra una tarifa específica por el servicio de llevarlo de un lugar a otro. Pero puede darse el caso de que usted le pida que le espere en un lugar durante un tiempo determinado y ese tiempo en que el taxista estará disponible para usted, aunque no haga uso de sus servicios, tiene un costo que hay que pagar.
Recuerdo una vez en que había programado una fiesta para celebrar el cumpleaños 75 de mi madre. Reservé un club y contraté a un conjunto de música típica. El maestro del grupo musical me dijo que la tarifa sería de RD$15,000, incluyendo el equipo de sonido y todo.
Luego me informó que disponía de una planta eléctrica con combustible que podía llevar al club y que de incluir ese servicio, la tarifa sería de RD$18,000, es decir, RD$3,000 adicionales. Acepté pagar los RD$18,000 para tener la disponibilidad de una planta eléctrica que habría de usar si se producía un apagón.
Finalmente no hubo apagón, pero yo tenía la tranquilidad de que, con el aporte de esos RD$3,000, estaba pagando por la “disponibilidad” de un bien y un servicio que estaba ahí, ante cualquier imprevisto.
Ese costo por disponibilidad es perfectamente legítimo y justificable, pues en mi caso no se fue la luz, pero de haberse ido, la fiesta habría continuado sin dificultad, porque había disponible una planta eléctrica dotada de combustible para comenzar a operar de inmediato.
Eso mismo ocurre para otros servicios. En el caso del sector energético, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) opera con una cantidad de plantas que usan combustibles distintos y tecnologías diferentes. Puede ocurrir que una de las plantas falle y salga del sistema, por lo que se requiere la entrada “inmediata” de alguna planta que esté disponible.
Para que una planta esté apagada, pero disponible, su operador debe mantenerla en buen estado, dotada de combustible, con un personal activo de mantenimiento y ponerla a funcionar en calidad de prueba cada cierto tiempo.
Todo eso tiene un costo que el propietario de la planta debe cubrir para mantenerla “disponible”; pero ese costo debe pagarlo el que desea tenerla a disposición, en este caso, el Estado, que es el propietario de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y tiene la responsabilidad de garantizar el servicio eléctrico de manera permanente.
Puede que haya otras plantas eléctricas en el sistema, pero no disponibles, lo que indica que si se requiere su entrada de inmediato, no sería posible y habría un apagón prolongado.
En cambio, la planta que recibe un pago por disponibilidad, tiene que estar lista para entrar al SENI en el mismo momento en que se le requiera y eso tiene un costo.
Lo que sí deberíamos vigilar y el Estado debería revisar, es la tarifa o el monto que se cobra por la “disponibilidad”, si es elevado o está dentro de los parámetros de costos universales para cada caso.
Ese es un elemento a considerar, pero no el “cobro por disponibilidad” en sí mismo, porque es completamente legítimo y justificable. No se trata simplemente de pagarle por estar apagada, sino de pagarle por estar lista para encender cuando se le requiera.
