La Comisión Europea (CE) quiere reforzar el papel de los bosques en la transición hacia una economía más sostenible y sin dióxido de carbono (CO2) y propone plantar 3,000 millones de árboles más en la Unión Europea (UE) para 2030, un acelerón que duplica la velocidad habitual de siembra.
“Los bosques sanos y resilientes son clave para alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad, y para el desarrollo sostenible del empleo y del crecimiento. Pero los bosques están bajo una creciente presión directa e indirecta”, advirtió el comisario europeo de Medioambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, en la presentación de la Estrategia de Bosques de la Comisión.
La capacidad de los bosques para mitigar el cambio climático va más allá de la absorción de CO2, ya que actúan además como sistema de refrigeración de las ciudades, como barrera contra la erosión del suelo o como mecanismo de purificación del aire y el agua, además de servir de refugio a grandes cantidades de animales, plantas y hongos.
El Ejecutivo europeo quiere garantizar “protección estricta de todos los bosques primarios y originales de la UE”, dijo el comisario, quien avanzó que Bruselas presentará más adelante un mapa de los bosques que deben de protegerse y objetivos legales concretos de restauración forestal.
Aunque no existe una definición técnica armonizada de bosque, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estos son superficies con árboles de al menos 5 metros de altura en su edad madura cuya superficie en copa cubre al menos el 10% de la superficie y un área superior a 0.5 hectáreas. Según esa descripción, los bosques ocupan el 37.7% de la UE.
Plantar para quemar
Los bosques son también una fuente de actividad económica, con 3.6 millones de empleos directos e indirectos asociados. Y la Comisión Europea quiere que las masas forestales se exploten siguiendo el “principio de cascada”.
Este no persigue evitar que la biomasa se utilice como combustible en la Unión Europea, donde el 18% de la energía que se consume actualmente proviene de quemar leña, sino que se prioricen otros usos.
Bruselas propone que la quema sea la última de sus funciones, siguiendo este orden: fabricar productos a partir de madera, alargar la vida de servicio de los bosques, reutilizar la madera, reciclarla y, como última opción, destinarla para la generación de energía.
“La palabra clave de la estrategia es ‘multifuncionalidad’. Es una estrategia para desarrollar todas las funciones de los bosques, como protegerlos mejor de los aspectos climáticos pero también cómo usarlos mejor, tanto en funciones económicas como sociales”, apuntó el comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski.
La estrategia ha rebajado sus ambiciones respecto a borradores previos, que aplaudían los medioambientalistas pero que criticaron algunos Estados miembros como Austria, Francia, Alemania, Polonia, Rumanía y Hungría por considerarlos demasiado garantistas, y que habían suscitado también desacuerdo en la Dirección General de Energía de la Comisión.
3,000 millones de árboles
Bruselas espera aportar financiación, un marco de acción y asistencia técnica alrededor de iniciativas ciudadanas locales para alcanzar ese volumen deseado de 3,000 millones de árboles nuevos en 2030, cuya evolución vigilará Bruselas.
“No vamos a imponer dónde deben plantarse”, aseguran fuentes de la Comisión, que el próximo otoño presentará una propuesta legislativa dedicada, en concreto, a frenar la deforestación.
Sumideros de CO2
Fuera de la citada estrategia, la Comisión Europea también aborda los bosques en su propuesta legislativa para reducir al menos en un 55% las emisiones de CO2 en 2030 respecto a 1990.
El reglamento sobre uso de la tierra, silvicultura y agricultura, conocido como LULUCF es el que recoge la contribución de las masas verdes, conocidas como sumideros de carbono, a la absorción de CO2.
Según la normativa actual, esos sumideros absorberían 225 millones de toneladas de CO2 en 2030, objetivo que la Comisión eleva a 310 millones pero que se queda lejos de los 600 millones que reclaman las ONG medioambientales.
