El inicio de un año nuevo nos da la oportunidad de pasar lista sobre los logros del año anterior, así como plantear nuevas metas y tareas para este 2022. El 2021 fue un año de transición y cambios para el Poder Judicial (PJ) y 2022 se vislumbra como un año en el que se pueden consolidar grandes avances de cara a su continuada modernización.
En primer término, la tarea pendiente más importante de PJ no la controla, estrictamente hablando, ese órgano, sino que se encuentra ante el Congreso Nacional: el proyecto de ley de uso de medios digitales en la Justicia. El proyecto procura instaurar una marco legal para el uso de medios digitales para la celebración de audiencias, así como para los procesos (depósitos, certificaciones, etc.) que realiza el PJ.
Este proyecto de ley tiene su origen en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida el pasado año, la cual declaró no conforme a la Constitución la resolución adoptada por el Consejo del PJ para adoptar las medidas de uso de medios digitales de cara a la pandemia. A nuestro parecer, el TC únicamente declaró no conforme a la Constitución la celebración de audiencias bajo esta modalidad y no el uso del sistema en línea para depósitos y otras tareas; pero el PJ extrañamente decidió dar por terminada la resolución hasta tanto haya una legislación.
No obstante el génesis del tema, urge la aprobación de esta ley para que se pueda agilizar y mejorar la calidad de los procesos judiciales. La percepción de falta de eficiencia del PJ es una de las grandes preocupaciones de los empresarios, emprendedores e inversionistas extranjeros, y este paso es esencial para encaminar el PJ hacia la modernidad.
La mora judicial ha sido otro tema que de gran preocupación en el que la actual administración del PJ se ha enfocado en reducir a través de seguimiento más cercano a la productividad de los tribunales y uso de la tecnologías. Sin lugar a dudas que la mora se ha reducido, pero una tarea pendiente muy importante es de asegurar que con esta reducción, ya lograda, no se sacrifique la calidad por la “cantidad” de sentencias.
Otro elemento es el tema del escalafón y las promociones judiciales, el cual fue controvertido durante el año 2021 debido a la aprobación de un nuevo reglamento. Es imperativo que se continúe implementando de manera que los jueces con mayor aptitud y capacitación sean reconocidos y promovidos, y que de ninguna manera haya un sistema para favorecer o castigar a algún juez en particular.
Finalmente, debe reafianzarse la inversión en la planta física del PJ y la educación continuada de sus servidores, pues si bien es cierto que debemos enfocarnos en los medios digitales, los servidores de justicia y los usuarios de los mismos deben poder acudir a lugares que dignifiquen la Justicia y, a la vez, ofrecerles a estos servidores la oportunidad de continuar ampliando sus conocimientos con miras a ofrecer un servicio de mayor calidad.
