El caos imperante en el sector transporte en nuestro país y, en particular, en la ciudad de Santo Domingo, constituye un verdadero desafío para el clima de negocios de República Dominicana.
El altamente ineficiente sistema de transporte, que se manifiesta a diario en los interminables tapones, tiene un costo directo para cada empresa (y cada persona).
Reconociendo esta realidad, el presidente Danilo Medina resaltó durante su discurso ante la Cámara Americana de Comercio el pasado 9 de diciembre que una de sus metas es mejorar la situación del sector transporte en el país. Como era de esperarse, este compromiso recibió un nutrido respaldo de los presentes.
Por igual, es algo poco conocido que el pasado 20 de agosto del presente año, se sometió para la consideración de la Cámara de Diputados un “Proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”.
El proyecto de ley es un documento extenso -372 artículos en 104 páginas- y como cualquier proyecto, tiene aspectos positivos y negativos.
En el ámbito positivo, debemos resaltar que el proyecto recoge el primer esfuerzo de regular de manera comprensiva el sector transporte, entendido en el sentido más amplio de la palabra.
Por ejemplo, se establecen normas claras sobre los requerimientos para circular en las vías públicas, un sistema de “puntos” (los cuales son asignados en base a infracciones) respecto a las licencias de conducir (si un conductor excede la cantidad máxima de puntos, su licencia queda revocada), nuevos mecanismos para viabilizar el transporte, y en sentido general, fungir como una actualización de nuestra desfasada Ley 241.
El proyecto sufre de algunos aspectos débiles. En primer término, en vez de consolidar algunos de los organismos rectores en la materia, el proyecto crea nuevos organismos de supervisión, los cuales deberán compartir responsabilidad supervisora con aquellos existentes. Este abultamiento de la nómina y competencia cruzada no es saludable.
Pareciera que se establece un régimen de transporte de carga público. Sin embargo, en nuestro país no existe un transporte de carga público, por lo que cualquier concesión o derecho de exclusividad que se pudiera otorgar podría considerarse como un atentado contra la libertad de empresa.
En ese sentido, la visión de transporte de pasajeros también reviste una conceptualización de alta regulación, lo que debe ser adecuado a la realidad del mercado para permitir la flexibilidad en este servicio (por ejemplo, Uber).
El nuevo proyecto merece ser estudiado cuidadosamente, pues puede representar un avance en una materia de mucha necesidad en el país.
