Los mercados financieros en el mundo se han visto perturbados por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha exacerbado la inflación y los problemas de las cadenas de suministros, en específico la cadena alimentaria, aumentando de forma considerable los precios del petróleo.
La inflación en Estados Unidos, la cual fue diagnosticada erróneamente como “pasajera” por el Banco Central de Estados Unidos o Federal Reserve, ya ha llegado al 9%, su nivel más alto en cuatro décadas.
Obviamente, esta inflación llega a todos los países del mundo, así como a los nuestros. Para combatir la inflación, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó fuertemente las tasas de interés y se espera que lo continúe haciendo por el resto de este año. Esto contribuirá a un freno de la economía de Estados Unidos, lo cual puede causar una fuerte recesión.
Ante este posible escenario económico mundial, nuestros países deben considerar varias acciones muy importantes en defensa de sus intereses. De enorme importancia es que los gobiernos de nuestros países restauren sus finanzas, manejen de forma ordenada y transparente los recursos del Estado y apoyen al sector privado en el crecimiento sostenido de sus economías. Además, nuestros gobiernos deben tener total y absoluta claridad que para lograr un crecimiento de las economías.
Es indispensable atraer inversión pública y primordialmente privada. La inversión pública se logra a través de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la cual dependerá de las relaciones y cumplimientos de programas que nuestros gobiernos mantengan con esas instituciones.
Una de las grandes enseñanzas de la pandemia originada por el covid-19 es que nuestros países deben de tener auto suficiencia de sus principales industrias, para así dejar de depender de otros para obtener necesidades básicas. Urge que tengamos una industria local o regional fuerte que produzca los bienes que necesita la población. Esa capacidad industrial se logra dando beneficios a los inversores y, más importante aún, respetando los derechos ciudadanos y de los inversores.
Dos cosas quedan bien claro al concluir la Cumbre de la Américas realizada a comienzos de junio del 2002: Primero, es notorio la ausencia de apoyo y ayuda de Gobierno a Gobierno. Segundo, la administración de Joe Biden apuesta fuertemente a que el desarrollo de nuestros países vendrá a través de la inversión privada. Se habló de una inversión privada de 1.9 mil millones de dólares para Honduras, El Salvador y Guatemala. Esta cantidad está lejos de los US$20,000 millones que necesita nuestra región.
Urge que nuestros gobiernos trabajen de la mano con los sectores privados de nuestros países en atraer la inversión tan necesaria para nuestros países, garantizando trámites, teniendo reglas claras y, por supuesto, cumpliendo las leyes a cabalidad.
La transparencia en la justicia es clave en todo este proceso. La falta de transparencia en los sistemas judiciales frena el desarrollo de nuestros países y priva a sus ciudadanos de libertades básicas.
Urge que la justicia haga justicia y que evite la corrupción o señalamientos de manipulación y amiguismo.
En específico a Honduras, los dos principales países inversores son Estados Unidos y Colombia. Los inversionistas de Colombia llevan unos dos mil millones de dólares invertidos en el país (por ejemplo: Argos, BAC, Davivienda y EDH).
Ha salido a luz recientemente que el Banco de Fomento de Estados Unidos, conocido por sus siglas DFC (antes OPIC), el mismo que tendría que garantizar cualquier inversión del sector privado norteamericano, recientemente tiró a pérdida un préstamo por US$50 millones relacionado al proyecto habitacional Los Castaños de Choloma. Esto es muy grave ya que la DFC, antes de aprobar nuevos préstamos y garantías en Honduras, tendrá que recuperar la cantidad perdida.
De igual importancia es la preocupación de inversionistas internacionales del maltrato recibido por grandes inversionistas de origen colombiano causado por corrupción dentro del sistema judicial.
Es obvio que este tipo de señalamientos de corrupción y maltratos a la inversión extranjera existente en Honduras afecta gravemente la voluntad de los inversionistas. Por lo que concluyo que el nuevo gobierno nacional, que está a punto de nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia, debe tomar nota de estas situaciones que dañan al país.
Conozco a casi todos los líderes empresariales de nuestros países. A ellos les digo que tienen en sus manos un enorme reto y responsabilidad. Busquemos esos US$20,000 millones en inversión y recursos que tanto necesitan nuestros países.
