[dropcap]R[/dropcap]obert Dalh, en su libro La poliarquía, plantea que la democracia en un país se manifiesta a través del cumplimiento de ciertos criterios de igualdad política que les permiten a las personas la libertad de asociarse efectivamente; la libertad e igualdad para ejercer el derecho al voto; el acceso a optar por varias alternativas políticas; la capacidad ciudadana para ejercer influencia en las acciones de los poderes del Estado y el derecho a optar por una ciudadanía. Por tanto, República Dominicana tiene los elementos básicos según Dalh para denominarse una democracia.
Hace algunos días, el presidente del Conep, Rafael Blanco Canto, en su más reciente y célebre discurso presentado por ante la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), en nombre de todo el sector empresarial, hizo uso de la capacidad ciudadana de ejercer influencia en las acciones de los poderes del Estado, y habló de varios temas, entre ellos el malestar de desconfianza en las instituciones, la inexistencia de un adecuado régimen de consecuencias propio de un verdadero Estado de derecho, y del gran deterioro actual de la institucionalidad política.
En sus palabras, justificó muy bien las razones de la intervención del sector empresarial en temas políticos cuando afirmó “que los verdaderos afectados cuando se genera una crisis electoral o del sistema político, no son sólo los partidos, sino la sociedad, la economía, las empresas, las comunidades y las familias, por lo cual se entendía la necesidad de que el sector empresarial elevara su voz cuantas veces sea necesario, hasta ser escuchados, pues para el empresariado, ser abanderado de temas nacionales como los planteados significaba un acto de responsabilidad frente a la sociedad”.
Al escuchar dicho discurso, y tratando de encontrar una ecuación que pudiese vincular el costo de la democracia, la institucionalidad y la economía, me di cuenta de lo compleja que pudiese ser la misma tomando en cuenta las acciones que realizamos o dejamos de realizar como país.
Un análisis económico retrospectivo del costo de la democracia, la falta de institucionalidad y la inobservancia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos existentes arrojaría valores altos de costo de oportunidad. No haber cumplido desde hace años con la Ley de Educación, y hacer los ajustes para disponer de un sistema educativo de calidad ha costado mucho en términos de competencias individuales y en productividad para el país.
El incumplimiento de las leyes de tránsito, y concomitantemente con el desorden del transporte de pasajeros y de carga ha generado costos excesivos de manera individual y colectiva que afectan la competitividad.
No haber cumplido las leyes y reglamentos en el sector eléctrico ha sumergido dicho sector en una crisis que ha implicado la transferencia de cientos de miles de millones de pesos hacia un sector que debió ser rentable. De igual manera, la inobservancia del marco legal y regulatorio en el área de los combustibles ha llevado al país a un desorden de magnitudes económicas muy grandes en cuanto a distorsiones de precios y contrabando en dicho mercado. Así mismo, las deficiencias en la jurisdicción inmobiliaria generan caos, pérdidas económicas y alejan los inversionistas que generarían empleos.
Y si analizamos la cantidad de recursos asignados para los partidos políticos, así como para organizar las elecciones nacionales nos daríamos cuenta que la relación costo efectividad no sería factible en función de los niveles de transparencia y debilidad institucional exhibidos en las últimas elecciones.
Hoy en día, sostener nuestra democracia implica altos costos e inversiones, y los retornos de dichas inversiones en ocasiones se perciben como improductivos. Por tanto, es responsabilidad no sólo de los partidos políticos tanto en el gobierno como en la oposición, sino responsabilidad del sector privado y la sociedad en general denunciar, exigir y apoyar el cumplimiento de las leyes e instituciones para evitar la degradación institucional y democrática de la nación.
La sociedad dominicana necesita gobiernos transparentes y responsables que cumplan y hagan cumplir las leyes. Solos no pueden hacerlo, los gobiernos no tienden a fiscalizarse ni regularse a sí mismos, es por ello que se necesitan contrapesos sociales y alianzas público-privadas a los fines de resolver los problemas fundamentales que tiene el país actualmente.
Las alianzas público-privada que reditúan beneficios mutuos son aquellas que se amparan en un Estado de derecho que cumple, respeta las leyes y las regulaciones; donde existe una clara definición de políticas públicas; donde existe continuidad del Estado ante cambios de gobiernos; donde impera la racionalidad económica y social en las inversiones y se asume como meta la sostenibilidad financiera de los procesos y donde existen acciones sociales focalizadas para los más vulnerables a los fines de crearles capacidades y oportunidades que les permitan salir de la situación en que se encuentran, todo lo anterior para beneficio de todos y todas.
Es tiempo de pasar la página, tiempo de apostar a la institucionalidad del país, tiempo de entender que el desarrollo de un país está por encima de las personas y partidos políticos y se sustenta en las capacidades de su gente y en la fortaleza de las columnas que soportan la democracia y su aparato productivo.
