Los salarios en República Dominicana vuelven a ser tema de debate, esta vez motivado por la filtración de información referente a incrementos salariales que han ocurrido, durante los últimos meses, en diferentes entidades del Estado dominicano.
En efecto, y según se ha divulgado en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación, en instituciones como la superintendencia de electricidad, la superintendencia de bancos, el Infotep, entre otras, se han producido aumentos de sueldos que, debido al momento de crisis que ha vivido el país desde abril del 2020, así como al plan de austeridad y control del gasto que ha asumido el superior gobierno, para algunos son considerados como irritantes.
Lo anterior conduce, irremediablemente, a una discusión en torno a cuál debería ser el nivel salarial para un empleado público competente, conforme las funciones que realiza, el riesgo de corrupción envuelto, la calidad de vida que debe llevar, el costo de la canasta familiar, así como el costo de oportunidad que asume cuando decide servir al Estado en vez de a una empresa privada competitiva.
El análisis, sin embargo, es complejo, pues el Estado dominicano ha carecido de una ley que regule los salarios y, por el contrario, existen diversas leyes que amparan aumentos de sueldos, de manera discrecional, en entidades descentralizadas y autónomas. De hecho, el ministro de administración pública del gobierno actual, acaba de apuntar que, en los próximos días, enviará al poder ejecutivo los reglamentos sobre regulación salarial del Estado dominicano.
La problemática, desde nuestro punto de vista, no está en la cantidad de dinero que se le paga a determinados servidores públicos que laboran en entidades especializadas, tal como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos; el tema son los bajos salarios que gana la mayoría de la población los cuales no alcanzan, en la mayoría de los casos, para costear la canasta básica promedio que se tiene actualmente.
En ese sentido, cuando se analiza el nivel de los salarios mínimos de los diferentes sectores, se puede percibir que estos son terriblemente bajos per se, sino que, además, su tendencia ha sido a permanecer en el tiempo y, en aquellos casos que se logran incrementos, estos no son significativos.
Por ejemplo, el salario mínimo promedio, en las empresas del sector no sectorizado (incluyendo las grandes, medianas y pequeñas) apenas llega a 16,966.67 pesos, representando menos de la mitad del costo de la canasta familiar.
En diez años (2021-2011) este salario se incrementó, en promedio, en menos de 800 pesos anuales. Pero si analizamos el salario mínimo promedio que pagan los hoteles, bares, restaurantes y afines, se podrá observar que este es de apenas 11,383.33 pesos mensuales, cercano a los 11,500 pesos que pagan las zonas francas industriales, y a los 10,000 que tienen las instituciones del gobierno central.
Pero el dramatismo se apodera de uno cuando se verifica que las zonas francas colocadas en áreas deprimidas, apenas pagan 3,600 pesos mensuales, con la locura de que no han incrementado el salario en los últimos diez años.
La situación de los salarios mínimos se torna más irritante cuando al ver el comportamiento de los salarios reales promedio, los cuales, según la Cepal (2022), “tras dos años de pandemia, en el 2021 estos habían perdido el 6.8% de su valor, en América Latina y el Caribe.
En conclusión, se entiende que el problema no es, en esencia, los elevados salarios que se le paga a determinados empleados colocados en entidades que juegan un rol fundamental en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, sino la gran brecha que se observa en referencia a los salarios mínimos promedio, y a los salarios promedio que gana más del 90% de la población dominicana. Reducir esa brecha es, a nuestro juicio, otra tarea pendiente.
