Cuando el o los propietarios de una empresa en funcionamiento deciden venderla a otros inversionistas se establecen cálculos para determinar lo que vale esa unidad productiva. De un lado está el valor material, que son los activos mobiliarios e inmobiliarios que se pueden cuantificar en términos materiales.
De otro lado está lo que se conoce como el valor de mercado, que es el posicionamiento que puede tener esa empresa en la preferencia del público, tanto en los bienes que produzca, como en lo que comercializa, o los servicios que ofrezca, de acuerdo con el caso.
Una vez establecido el valor de venta de la empresa, se toma en cuenta un costo fundamental: el pasivo laboral. Esto es, la cantidad de dinero que se requiere para desahuciar a todo el personal que labora en la empresa pagándole sus prestaciones laborales acumuladas (preaviso, proporciones de vacaciones y doble sueldo, cesantía y bonificación).
Generalmente, cuando se vende una empresa, el vendedor cobra el monto del valor de la organización más lo que se requiere para “liquidar” a todo el personal. De esa forma, el comprador recibe la empresa con todo el personal activo, pero partiendo desde cero, con lo cual puede recontratarlos o enviarlos a sus casas, sin costo alguno, porque ya el vendedor, al momento de la transacción, les entregó sus prestaciones.
Para poner un ejemplo; suponga que una empresa va a ser vendida en 1,000 millones de pesos, pero la liquidación de su personal (empleados) requiere un monto de 100 millones de pesos, entonces el comprador paga 1,100 millones, es decir, el valor de la empresa más el pasivo laboral.
Ahora bien, ¿conviene eso a los empleados? Sí, porque cada quien recibe sus prestaciones. Pero no, porque entonces ya estás parcialmente desvinculado. Entonces, el nuevo adquiriente tiene la opción de recontratarte en el mismo puesto con el mismo salario o de mandarte para tu casa. También puede que te recontrate en el mismo puesto, pero ofreciéndote un salario menor y eliminando ciertos beneficios colaterales que tal vez le pagaba el propietario anterior.
Otra cosa puede ser que el comprador adquiera la empresa con todo y pasivo laboral, con lo cual pagaría el valor de 1,000 millones de pesos y dejaría a todo el personal en sus mismas posiciones con los derechos laborales acumulados, como si no hubiera cambio de dueño.
Sin embargo, lo anterior es muy improbable, porque todo el que adquiere una empresa en marcha desea tener libre el pasivo laboral para poder realizar cualquier reinventario sin incurrir en riesgos de demanda o conflictos laborales. Simplemente, saca la cantidad de empleados que desee, si fuera el caso, o los mantiene con iguales condiciones o con variaciones en los beneficios, partiendo de cero, con lo cual cuenta con un margen de 90 días (tres meses) para hacer cambios sin comprometer prestaciones.
El tema viene a cuento porque el cambio de dueño en una empresa en marcha siempre llena de incertidumbre a los empleados. De hecho, lo primero es que todos quedan “parcialmente” desempleados, pues al pagarle sus prestaciones laborales el nuevo dueño puede enviarlo a su casa ese mismo día o mantenerlo hasta confirmarlo, lo cual es un tiempo de inquietud en todo el personal.
Para algunos empleados resulta conveniente, especialmente aquellos que tienen muchos años de labor con unas prestaciones acumuladas que, al recibirlas, puede tomar el dinero para emprender un negocio o invertirlo, ya sea en el sector financiero o en cualquier otra adquisición que le genere rentabilidad o comodidad.
El punto es que para otros implica quedar sin empleo o tener que aceptar una recontratación con un sueldo reducido, por ser un empleado “nuevo”, luego de haber sido desvinculado.
En todo caso, se trata de una operación normal que se da en los casos de ventas de empresas en marcha y que se ampara en las normativas legales vigentes en República Dominicana, aunque hay casos en los que el nuevo adquiriente compra la empresa para disolverla y manda a todos los empleados a sus casas, mientras el vendedor, que cobró el pasivo laboral, no cumplió con la liquidación del personal, lo cual provoca conflictos legales que terminan en los tribunales. En República Dominicana hay varios casos en proceso.
