El Ministerio de Medio Ambiente afirmó este viernes que la estructura de generación de energía eléctrica ubicada en aguas del Puerto Viejo de Azua, frente a la comunidad de Los Negros, no se encuentra dentro del área protegida de los Manglares de Puerto Viejo, tal y como denuncian desde diversas organizaciones.
La barcaza eléctrica de la empresa Karadeniz Powerhip “se encuentra fuera del área protegida Manglares de Puerto Viejo, aunque sí se encuentra dentro de su zona de amortiguamiento”, señaló a EFE la viceministra de Gestión Ambiental, Indhira de Jesús.
Esto, en respuesta a las acusaciones de habitantes de la zona y diversas organizaciones sobre la presunta ilegalidad en la emisión de la licencia para operar en ese lugar, donde confluyen, además, el Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño y el Parque Nacional Sierra Martín García.
“Más allá de que todos debemos entender la necesidad que tiene el país de la producción energética”, la licencia otorgada a la empresa Karadeniz Powerhip se emitió porque “el proyecto cumple con todos los procedimientos” establecidos en la Ley del Ministerio de Medio Ambiente y sus reglamentos.
Además, “el sitio cumple con los usos permitidos” por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y la Resolución que dispone la normativa para el manejo de las zonas de amortiguamiento de las Unidades de Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) del Ministerio de Medio Ambiente.
De Jesús indicó que “los técnicos del Ministerio tomaron en cuenta que, por su ubicación dentro de la zona de amortiguamiento”, la estructura debía cumplir “requerimientos específicos condicionantes y más restrictivos que los que tendrían en otra ubicación”.
Dichos requerimientos “condicionan la vigencia de la licencia emitida y son aceptados expresamente por el titular de la autorización” que, de violar cualquiera de sus disposiciones, se enfrentará a medidas sancionatorias.
Esto incluye “el retiro temporal o definitivo de la autorización otorgada, la demolición de obras e instalaciones ya construidas o el cierre de las operaciones, sin perjuicio de las demás acciones administrativas, penales o civiles que puedan caber en el marco de la ley y regulaciones ambientales vigentes”, apuntó la funcionaria.
El Ministerio de Medio Ambiente “ejerce su labor de supervisión y mantiene los ojos y los oídos abiertos ante cualquier alerta de las comunidades, en forma directa o través de redes sociales o medios de comunicación porque nuestro personal tiene toda la disposición de hacer cumplir las normas”, afirmó.
Además, explicó que para la instalación de la barcaza se realizó un estudio de impacto ambiental publicado en un periódico nacional el 8 de agosto de 2022, y estuvo disponible para la consulta pública por 15 días laborables, hasta el 29 de agosto.
De este modo, se cumplió con lo legalmente establecido para el proceso de evaluación ambiental y procedimiento para la consulta pública, tras la que se llevaron a cabo los pasos correspondientes para emitir la licencia.
Sin embargo, desde el Ministerio no se da respuesta a los supuestos efectos que la actividad de la estructura puede tener sobre la salud de los habitantes de la zona, que viven de la pesca y la agricultura, actividades que los comunitarios también ven amenazadas, según se desprende de las afirmaciones recogidas por EFE en una información publicada este viernes.
Esas consecuencias para la salud se basan en un informe sobre el impacto de las barcazas que, con el mismo sistema de funcionamiento, se ubicaron el río Ozama, Santo Domingo.
