“Una medición precisa vale más que mil opiniones de expertos”. –Grace Hopper.
A partir de 2007 la antigua Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) inició una campaña para llamar la atención de las autoridades y empresarios sobre la necesidad de organizar en el país la infraestructura metrológica conforme con las reglas y requerimientos internacionales.
En esa década, en la que el término metrología era prácticamente desconocido fuera de los centros académicos, destaca el esfuerzo de organización de los laboratorios de mediciones eléctricas, masa y volumen, y temperatura. Su sola puesta en marcha puede considerarse el paso más trascendente en la materia desde 1954, año en que fue promulgada la Ley 3925 Sobre Pesas y Medidas.
Estos laboratorios, cuya formación contó con la asistencia técnica del Instituto de Metrología de Alemania (PTB), fueron los primeros en ofrecer en el país servicios de calibración voluntarios en las tres magnitudes mencionadas.
Justo es reconocer que a la presente gestión del Indocal, entidad estatal que funge como laboratorio nacional de metrología, hoy presidida por el Ing. Lorenzo Ramírez, corresponde el mérito de haber mantenido y extendido las acreditaciones –logradas en 2014 con el Ente Costarricense de Acreditación (ECA)- en las magnitudes eléctrica en potencia AC monofásico y polifásico para medidores de energía eléctrica; masa, para pesas patrón desde un miligramo hasta 25 kilogramos, y temperatura para termómetros de resistencia de platino y de indicación digital.
En materia de metrología reglamentaria o legal, rama de la metrología que opera sobre todas las transacciones en las que interviene un instrumento de medida, se fortalecieron las actividades relativas a la verificación de instrumentos de pesar y medir, venta de sellos amarillos de reparación y formularios de reparadores públicos autorizados (RPA), verificación de estaciones de combustibles y aprobación de modelos de instrumentos de medición.
No obstante, puede afirmarse que en relación con los laboratorios de calibración que demanda la dinámica económica con las correspondientes acreditaciones respecto a una amplia gama de magnitudes físicas y químicas, y metrología legal, República Dominicana sigue enfrentando serios, complejos y costosos retos en varias vertientes fundamentales: a) formación de personal técnico altamente cualificado; b) adquisición de los patrones e instrumentos de medición consustanciales al desarrollo empresarial verdaderamente competitivo; c) definición de la cadena de trazabilidad metrológica para las respectivas magnitudes a adoptar, y d) satisfacción de las exigencias establecidas para las referencias metrológicas (incluidos los caminos entre ellas) y los resultados de medida, contando con el apoyo de una estructura internacional que brinde apoyo técnico y los debidos reconocimientos. En cuanto a esta estructura destacan conocidas entidades, procedimientos y acuerdos, establecidos en las últimas décadas.
En la cúspide de la pirámide de la organización mundial de la metrología tenemos a la a Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM), con la autoridad de aprobación del SI, sus unidades y definiciones, y la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM).
La misión de dicha oficina es establecer la uniformidad mundial de las mediciones, bajo la tutela y directrices del Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM). En el nivel medio siguen los Institutos Nacionales de Metrología (INM, como el Indocal) a los que corresponde el aseguramiento de la confiabilidad de las mediciones haciendo uso de sus capacidades de medida y calibración (CMC). En este nivel figuran los acuerdos de reconocimiento mutuo establecidos por el CIPM (CIPM-MRA) para el reconocimiento multilateral de las CMC de los participantes (más adelante trataremos este tema).
En el eslabón inferior (operativo) figuran los múltiples laboratorios de calibración acreditados que, actuando en todas las magnitudes adoptadas, campos de medida y niveles de exactitud, mantienen la trazabilidad metrológica y diseminan las unidades SI en función de la finalidad prevista por los usuarios.
