La interacción entre la política y la economía es un fenómeno innegable en el ámbito internacional. La estabilidad política e institucional de un país desempeña un papel fundamental en sus relaciones comerciales y es un factor determinante para su crecimiento económico.
Situaciones como la incertidumbre política, inseguridad pública, conflictos armados y los desacuerdos internacionales pueden socavar la confianza de los países y sus mercados, desalentar la inversión y ralentizar la actividad económica, generando tensiones en las relaciones comerciales que pueden llevar a la imposición de sanciones económicas y comerciales como mecanismos de presión política.
Un ejemplo reciente de esta dinámica entre política y comercio es el cierre de fronteras adoptado por el gobierno dominicano el 15 de septiembre de 2023. Esta medida se basa en la construcción de un canal en el lado haitiano del río Dajabón, incumpliendo acuerdos de aguas compartidas entre ambas naciones. Esta acción se interpreta como una respuesta diplomática a un acuerdo bilateral incumplido y ha tenido un impacto económico inmediato al interrumpir el comercio terrestre, marítimo y aéreo entre los dos países.
Históricamente, República Dominicana ha sido un exportador neto en su relación comercial con Haití. Sin embargo, momentos de fricción han coincidido con una disminución en el valor de las exportaciones dominicanas. Datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) de 2014-2022 revelan que los valores más bajos se registraron en 2016 y 2020, alcanzando montos de US$832.24 millones y US$751 millones, respectivamente.
En 2015, una restricción de entrada impuesta por el gobierno haitiano a 23 productos suministrados regularmente por República Dominicana coincidió con una reducción en las exportaciones pasando de US$1,049.21 millones en 2014 a US$1,000.55 millones en 2015, que se mantuvo hasta 2016 con un valor exportado de US$831.24 millones.
En 2020, con exportaciones por un valor US$751.23 millones, también experimentó una disminución del 8% en las exportaciones con respecto al año anterior. Este descenso coincidió con las restricciones de emergencia por covid-19, que incluyeron la suspensión de los mercados fronterizos y el cierre de las fronteras durante 15 días a partir del 17 de marzo del 2020.
El cierre de la frontera en 2021, tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, también fue una medida de seguridad nacional que se revirtió una semana más tarde para evitar el desabastecimiento en Haití. Una publicación de elDinero en julio de ese año indicó que los productores estimaron pérdidas por RD$1,050 millones.
Ante el actual cierre de la fronteras, productores y comerciantes han apoyado la medida como cuestión de Estado, aunque han expresado preocupación por las pérdidas económicas. El gobierno ha respondido con medidas de apoyo económico, como la activación del fondo de emergencia, la reestructuración de la deuda a través del Banco Agrícola y la comercialización de productos hacia el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre). Sin embargo, estas medidas son paliativas y no compensarán completamente los ingresos regulares.
El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana, Pavel Isa Contreras, ha declarado que es prematuro calcular el impacto económico completo del cierre de la frontera, enfatizando la importancia de retomar relaciones comerciales y explorar nuevos mercados.
El restablecimiento de las relaciones comerciales es una necesidad para ambos países, dado que República Dominicana es el principal proveedor de bienes de consumo de Haití. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, declaró ante la Asamblea General de las naciones Unidas el 22 de septiembre que la violencia ha disparado la inflación a 50% y 4.9 millones de haitianos tienen dificultades para alimentarse, lo cual supone una presión migratoria.
La política, sin duda, continuará siendo un elemento clave en el futuro de estas relaciones comerciales, y encontrar un equilibrio adecuado entre los intereses políticos y económicos es un desafío que exige una gestión cuidadosa y una diplomacia efectiva para salvaguardar los intereses nacionales y promover la estabilidad en la región.
