La Superintendencia de Bancos (SB) remitió a la oficina de la senadora Faride Raful, en su condición de miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esa cámara legislativa, observaciones sobre la legislación vigente en materia de embargo retentivo y la oposición en República Dominicana.
La Superintendencia de Bancos procura una mayor protección de los intereses de los depositantes y el sano funcionamiento del sistema financiero, tomando en cuenta que el uso “desmesurado” de estas figuras puede impactar severamente las finanzas particulares y colectivas de personas físicas y jurídicas.
En ese sentido, el ente supervisor detalló que en 2023 el monto promedio mensual de los depósitos embargados o congelados en entidades financieras superó los RD$26.6 mil millones, colocados en 157,160 cuentas en 28 entidades de intermediación financiera.
Las propuestas de la institución, elaboradas a petición del equipo de Raful, resaltan la necesidad de establecer mecanismos que prevengan cualquier abuso y aseguren la aplicación legítima del embargo retentivo y la oposición, pues el marco jurídico actual carece de sanciones claras ante usos indebidos de estas herramientas.
La Superintendencia de Bancos advirtió que para lograr estas mejoras será necesario modificar aspectos contenidos en el Código Civil Dominicano, el Código de Procedimiento Civil, la Ley 834-78, que modifica el Código de Procedimiento Civil, y la Ley 396-19 sobre el Otorgamiento de Fuerza Pública para llevar a cabo medidas Conservatorias y Ejecutorias, entre otras disposiciones.
La Consultoría Jurídica de la SB, con el apoyo de asesores nacionales e internacionales, concluyó como imperativo que la legislación sea dotada de suficiente claridad y precisión para establecer la distinción entre oposición simple y embargo retentivo, respaldado con documentación y pruebas sólidas, así como la protección de bienes incorpóreos o intangibles.
El equipo de juristas enfatizó la urgencia de revisar y actualizar la legislación vigente, identificando áreas claves para asegurar un sistema legal más equitativo, eficaz y transparente para todas las partes involucradas.
Para la elaboración de la propuesta, la Consultoría Jurídica de la SB contó con la colaboración de los juristas Lucas Guzmán y Carmen Luisa Martínez, como asesores nacionales, y de Rudy Laher y Laurence Feuillard, en calidad de expertos internacionales.
