[dropcap]E[/dropcap]l presidente Danilo Medina no hizo en su discurso referencia directa al necesario Pacto Fiscal al que tendrá que abocarse el Gobierno para dar cumplimiento a uno de los mandamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y consolidar un mecanismo efectivo y permanente de financiamiento del gasto público.
Sin embargo, aunque se cuidó de no mencionarlo, se aseguró de dejar una clara señal al respecto en su discurso de toma de posesión para el período 2016-2020: “El desarrollo que deseamos debe ser financiado. Y debemos lograr que se financie con justicia social, con equidad y con transparencia”.
Y no es para menos. Basta con ver que para este año el Gobierno tiene previstos gastos operativos por el orden de los RD$RD$566,191.8 millones, pero su nivel de ingresos programados apenas alcanza los RD$490,298.3 millones.
Eso indica que habrá un déficit de por lo menos RD$75,893.5 millones que debe ser financiado con más endeudamiento. Ese monto, en términos relativos, equivale al 13.4% del total de gastos programados y es igual al 15.5% de los ingresos previstos.
El endeudamiento público programado para este año es mucho mayor si se toma en cuenta que, además de los RD$75,893.5 millones de déficit por financiar, el Gobierno tiene que tomar préstamos adicionales por RD$97,767.4 millones con el objetivo de cubrir vencimientos de intereses y capital de deudas anteriores.
Entonces, en sentido general, la contratación de deuda programada para este año suma por lo menos RD$173,660.5 millones.
Exclusión en el discurso del Presidente
La omisión del término Pacto Fiscal en el discurso del Presidente y hasta en su programa de Gobierno 2016-2020 no quiere decir que esté fuera de los planes en esta gestión, pues algunas de sus frases confirman su puesta en marcha.
“Son muchos los retos que debemos enfrentar todavía para alcanzar las metas que nos establecimos como país en la Estrategia Nacional de Desarrollo”, indicó el mandatario en su discurso para luego agregar: “vamos a redoblar nuestros esfuerzos para mejorar la eficiencia en la administración tributaria, para incrementar el cobro de los impuestos, pero muy especialmente para combatir la elusión y la evasión fiscales”.
El Presidente anunció que el Gobierno se sentará con todos los sectores de la sociedad dominicana para discutir “de forma responsable”, los mecanismos para mejorar el financiamiento del Estado.
Esa discusión es adicional a los trabajos que se realizarán desde el Estado para mejorar la calidad de la inversión pública y de la recaudación.
También se refirió a la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan aumentar los sueldos de los trabajadores y su capacidad de compra.
Es posible que esos acuerdos se relacionen con la necesidad de recursos en el Estado para dar cumplimiento a la Ley de Salarios, cuyo reglamento de aplicación no ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo, porque establece, entre otros mandatos, la asignación de un salario mínimo de RD$7,500 en el sector público.
Actualmente el salario mínimo en el Estado es de apenas RD$5,150 mensuales y en algunas instituciones, especialmente edilicias, se pagan sueldos menores.
“Ha llegado el momento de buscar soluciones duraderas y justas para garantizar la consolidación del Estado de bienestar que tanto nos está costando construir”, fue la expresión del presidente Medina.
“Ha llegado el momento de mostrar nuestra capacidad para mirar a largo plazo y de poner los intereses del país por encima de los intereses particulares, para alcanzar un nivel adecuado de nuestro desarrollo”, acotó.
Además, recordó que con excepción de Educación, el presupuesto de prácticamente todas las instituciones del Estado es el mismo de hace cinco años, por lo que el Gobierno se ha concentrado en la eficiencia del gasto a los fines de lograr la reducción y estabilidad del déficit fiscal anual en un promedio de alrededor del 2.4% del producto interno bruto (PIB).
En 2012 el déficit fiscal cerró en 6.5% del PIB. Sin embargo, para el 2013 bajó a menos de 3%, en 2014 se colocó en 2.8% del PIB, para el 2015 bajó a 2.4% y la meta para este año es que cierre en 2.3% del PIB.
Equidad
Al referirse a la parte presupuestaria y a la necesidad de ingresos, la parte en la que el presidente Medina recibió más aplausos fue cuando expresó: “No es justo que el grueso de la tributación siga en los hombros de los ciudadanos y especialmente sobre la clase media, mientras que los que más deben y pueden contribuir aprovechan resquicios legales para no contribuir de forma solidaria al desarrollo del país”.
La expresión aparenta estar dirigida a los sectores empresariales, aunque no hizo alusión directa a ningún segmento económico en específico.
Durante la recién pasada campaña electoral, el entonces presidente candidato se refirió a la necesidad de revisar las exenciones fiscales de que gozan muchos sectores del empresariado, que ya no las necesitan en las condiciones en que están planteadas.
La autoridad tributaria, de acuerdo con estudios del Ministerio de Hacienda, estima en alrededor de RD$212,000 millones las exenciones fiscales concedidas por el Estado este año. Más del 60% de esas exenciones benefician directamente a sectores empresariales y el resto a personas físicas.
Medición y monitoreo a las instituciones públicas
El presidente Danilo Medina instruyó al Ministerio de la Presidencia para poner en marcha un mecanismo de medición y monitoreo a las instituciones públicas, haciendo énfasis en el desarrollo de sus planes y proyectos, el cumplimiento de normativas y la satisfacción de los usuarios de sus servicios.
La medida incluye indicadores de gestión institucional a nivel estratégico, operativo, financiero y de usuario, que seguirá cada entidad con un espacio abierto de consulta ciudadana a través de la web.
Con esta herramienta, se incrementará no solo la eficiencia del manejo de los recursos públicos, sino también la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.
El Gobierno tiene el propósito de hacer más eficiente el gasto público evitando el desvío de dinero en áreas o donde no se requiera y aplicando cotizaciones reales a los bienes y servicios que adquiere el Estado por diferentes vías.
