Según datos al 15 de noviembre de este año, los ingresos del Gobierno ascendieron a RD$1,049,196.3 millones, mientras que los egresos alcanzaron los RD$1,184,136.4 millones, lo que deja como resultado un déficit primario de RD$134,940.1 millones, es decir, un 12.9%, mientras que las fuentes financieras ascendieron a RD$289,646 millones.
Como se ve, las finanzas públicas no están del todo holgadas, pero aun así hay buenas noticias sustentadas, de alguna manera, en el clima de estabilidad política y económica del que goza República Dominicana. A juzgar por la forma en que los mercados internacionales miran hacia la economía dominicana, el retiro del Proyecto de Modernización Fiscal propuesto por el Gobierno no causó mayores preocupaciones.
Si bien todos los sectores están conscientes de la necesidad de una reforma a la fiscalidad dominicana, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su revisión del Artículo IV destaca que la política fiscal debe seguir centrada en reponer el espacio fiscal y en atender los gastos esenciales, al tiempo de destacar que la Ley de Responsabilidad Fiscal y su implementación prevista son bienvenidas.
De hecho, la reconocida agencia crediticia Fitch Ratings ratificó la calificación de riesgo de la República Dominicana en BB-, con una perspectiva positiva, valorando la fortaleza de la economía, las mejoras en los indicadores de gobernanza y el potencial para llevar a cabo reformas que refuercen el marco macroinstitucional.
De acuerdo con la firma, la calificación del Estado dominicano está respaldada por un historial de crecimiento económico robusto, una estructura de exportaciones diversificada, un producto interno bruto (PIB) per cápita elevado y resultados favorables en materia de gobernanza, los cuales se comparan positivamente con los de otros países de la región.
Es oportuno destacar la recientemente aprobada Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual establece una regla fiscal que impone un límite al crecimiento del gasto real del 3% (7% en términos nominales) y un anclaje de la deuda en el 40% del PIB para 2035, medida que procura garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y fortalecer la confianza en la política económica del país.
Por supuesto, es importante resaltar que esta meta, aunque esté amarrada en una legislación, depende mucho de que en el mediano plazo se logre la aprobación de una verdadera reforma al sistema tributario dominicano, ya que los gobiernos necesitarán mejorar su capacidad recaudatoria para no acudir a la emisión de deuda.
A pesar del panorama retador que tiene el país, Fitch destaca la reducción gradual de la deuda externa en moneda extranjera, que descendió al 67% en septiembre de 2024, un nivel similar al de 2019, en comparación con el 69% registrado a finales de 2023. Para la firma, esta mejora es el resultado de una mayor emisión de bonos globales denominados en pesos, lo que contribuye a la estabilidad financiera del país.
Además, es destacable los efectos positivos de la política monetaria adoptada por el Banco Central (BCRD), que consistió en la reducción de las tasas de interés, llevando su tasa de política monetaria al 6.25%, en comparación con el 8.5% alcanzado en mayo de 2023, lo que refleja un entorno económico más equilibrado.
