En República Dominicana, muchas mujeres que transitan por el embarazo, el parto o el posparto son víctimas de maltrato verbal, cesáreas innecesarias, procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, y negligencia médica. Frases como “aguanta como una mujer”, “si no cooperas, nos vamos” y “tú no lloraste al hacerlo” resuenan dolorosamente en las salas de parto, reflejando una cultura de deshumanización. Este fenómeno, conocido como violencia obstétrica, afecta gravemente el bienestar de las mujeres y sus bebés, aumentando la mortalidad materna en el país.
Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), por cada 100,000 nacimientos, 120 madres pierden la vida, siendo alrededor del 80% de esas muertes prevenibles. De hecho, el país se encuentra entre las naciones con mayor aumento en mortalidad materna en la región, donde la mayoría de las embarazadas sufre alguna forma de violencia obstétrica, según advierte la doctora Liliam Fondeur, ginecóloga obstetra.
“La violencia obstétrica es un problema sistémico en República Dominicana, donde prácticas como la episiotomía rutinaria, el uso indiscriminado de oxitocina, la restricción de movimiento durante el trabajo de parto (impidiendo que la paciente deambule o adopte posiciones como en cuclillas) y la prohibición del acompañante están normalizadas en la cultura médica local”, manifiesta Fondeur a elDinero.
Explica que esas intervenciones, muchas veces aplicadas sin justificación clínica ni consentimiento informado, sugieren que la mayoría de las mujeres dominicanas podrían enfrentar al menos una forma de violencia obstétrica durante su gestación, parto o posparto.
«La violencia obstétrica debe ser reconocida y sancionada legalmente como una forma específica de violencia de género. Esto no es un ‘daño colateral’ del ejercicio de la obstetricia, sino una violación de derechos humanos». (Liliam Fondeur, ginecóloga-obstetra)
En 2022, más del 70% de las embarazadas en el país sufrió violencia en los centros de salud, según la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa). elDinero solicitó datos oficiales actualizados a Salud Pública, pero al momento de esta publicación no recibió respuesta. Una situación que refleja la poca visibilidad del problema, condena Fondeur, al subrayar que “testimonios y estudios cualitativos respaldan su alta frecuencia”.
La experiencia de Loren, una de las afectadas, da fe de ello. “Aún tengo las secuelas frescas. Fue en un hospital público y con una supuesta ginecóloga que intentó llevarme a un centro privado donde también trabajaba, pero era para realizarme una cesárea sin mi consentimiento”, rememora.
Agrega que “el peso del niño lo calcularon mal en la última sonografía; me dijeron que era de siete libras y resultó ser de nueve. No me hicieron la episiotomía (incisión quirúrgica para ampliar la apertura vaginal) y, cuando estaba en labor de parto, me hicieron tacto cuatro ginecólogos. Dolía tanto que lloraba mucho y la ginecóloga me dijo: ‘¿tú querías parir normal? Puja ahora’. El bebé me causó un desgarro tan grande que aún no he sanado”.
María, nombre cambiado para este reportaje, también narra su vivencia. “Recuerdo que me halaron una sonda y la enfermera me dijo que cuando yo estaba encima no me quejaba”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define este tipo de maltrato como cualquier acción o falta de acción del personal médico que cause daño físico o emocional a una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio.
El ginecoobstetra Yotin Pérez, vocal de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG), reconoce que esta situación, que constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es real.
«Para reducir las muertes maternas en el país, es fundamental protocolizar todos los procesos para garantizar la salud y vida de madres y bebés». (Yotin Pérez, ginecoobstetra y vocal de la SDOG)
“La SDOG ha tratado de hacer énfasis en el parto humanizado, en el parto respetado. Nosotros, como obstetras, sabemos los derechos que tiene una mujer en su desembarazo y durante todo el ciclo de gestación, pero son muchos los factores que influyen en eso”, indicó Pérez a elDinero, en representación del presidente de la sociedad, doctor Roberto Nina.
Tanto Fondeur como Pérez reconocen que estos abusos ocurren tanto en centros públicos como privados, siendo más comunes en los primeros, lo que hace a las mujeres de escasos recursos aún más vulnerables.
“La violencia obstétrica es estructural en ambos ámbitos, pero en lo público se agrava por la precariedad del sistema, mientras que en lo privado se modula por el perfil socioeconómico de las pacientes y el riesgo legal”, diferencia la doctora Fondeur, especializada en ginecología con énfasis en la defensa de los derechos de las mujeres.
Pese a la falta de datos actualizados, la práctica no es nueva. La socióloga Tahira Vargas afirma que la violencia obstétrica en este país ha estado presente a lo largo de la historia; sólo que, recientemente, se han empezado a identificar estas prácticas como violencia, tal como ha sucedido con otros tipos de violencia en el país.
«La violencia obstétrica en este país ha estado presente a lo largo de la historia; sólo que hace poco tiempo se han empezado a identificar estas prácticas como violencia, tal como ha sucedido con otros tipos de violencia en el país». (Socióloga Tahira Vargas)
Argumenta que, en la sociedad dominicana, las relaciones de poder suelen estar marcadas por la violencia, afectando tanto a niños y adolescentes en el ámbito familiar como al personal de salud.
“El personal de salud suele tener una visión de superioridad frente a los usuarios, especialmente cuando estos no conocen sus derechos, provienen de los estratos más pobres y, sobre todo, son mujeres”, subraya Vargas a elDinero, al indicar que muchas han aprendido a normalizar la violencia sin identificarla como tal.
“Por eso, el personal de salud ejerce violencia contra las mujeres en las prácticas obstétricas, porque tienen estas conductas tan naturalizadas que no las reconocen como violencia. Establecen una relación de autoridad, creen que son quienes poseen el conocimiento y el derecho sobre el cuerpo de las mujeres”, condena, al indicar que esa práctica debe ser denunciada con monitoreo y evaluación.
Al respecto, la directora de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer, Jesica Croce, define este flagelo como un fenómeno multidimensional, vinculado a factores estructurales, institucionales y socioculturales, que requiere un abordaje intersectorial e interinstitucional.
«Reconocemos la importancia de abordar esta problemática desde una perspectiva integral, considerando los múltiples determinantes que inciden en la calidad de la atención, la autonomía de las mujeres y los resultados en salud materna e infantil». (Jesica Croce, directora de Prevención y Atención a la Violencia, Ministerio de la Mujer)
“Nosotros reconocemos la importancia de abordar esta problemática desde una perspectiva integral, tomando en cuenta los múltiples determinantes que inciden en la calidad de la atención, la autonomía de las mujeres y los resultados en salud materna e infantil”, enfatiza la institución gubernamental a elDinero.
Anyoli Sanabria López, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, es más específica al calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional que vulnera los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto.
«Esto impacta directamente en los resultados perinatales, ya que la confianza, el acompañamiento respetuoso y la atención oportuna son claves para prevenir muertes evitables tanto en madres como en neonatos». (Anyoli Sanabria López, representante adjunta de Unicef en RD)
“En República Dominicana, donde enfrentamos una de las tasas más altas de mortalidad materna en América Latina y el Caribe (95 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, según datos del Ministerio de Salud Pública, 2022), esta problemática no puede desvincularse del acceso y la calidad del cuidado de salud”, enfatiza Sanabria López a este medio.
Añade que esta violencia puede disuadir a las mujeres de buscar atención médica, aumentar las complicaciones en el parto y deteriorar la relación con el personal sanitario. “Esto impacta directamente en los resultados perinatales, ya que la confianza, el acompañamiento respetuoso y la atención oportuna son claves para prevenir muertes evitables tanto en madres como en neonatos”, advierte.
Grupo más vulnerable
La violencia obstétrica está enraizada en la construcción desigual de los géneros en la sociedad dominicana y se agudiza ante la presencia de otras variables que también son motivo de discriminación, tales como la edad, la etnia, la procedencia o la condición socioeconómica, según el estudio “Análisis de género de la mortalidad materna en República Dominicana”, elaborado por el MSP.
Ana E. María tenía apenas 26 años cuando vivió una experiencia que describe como traumática siendo madre primeriza. “Fue muy difícil para mí. Fui violentada por el llamado médico obstetra, quien me maltrató físicamente durante todo el proceso. Digo que me maltrató porque el procedimiento fue muy agresivo y me causó una herida significativa en la zona del periné, lo que requirió un tratamiento largo y complicado para mí”, narra María a elDinero.
Agrega que “recuerdo, de hecho, que esta persona, el supuesto médico, me decía: ‘tú querías parir’. Y yo le respondía: ‘sí, pero es que yo no soy médico’. Entonces, quien tiene que darme las orientaciones correspondientes es el profesional”.
Otra madre, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato, vivió momentos similares. “Hace 15 años, cuando mi hermana de entonces 16 años estaba en labor de parto en la Maternidad de Los Mina, escuché a la mayoría de los médicos decirle frases hirientes”.
La doctora lo confirma. “Las adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables de violencia obstétrica en República Dominicana, debido a múltiples factores estructurales y culturales”, enfatiza, al indicar que este grupo enfrenta una doble discriminación: primero, por su edad, y segundo, por los prejuicios en torno a su sexualidad. Esto, a pesar de que las normas establecen que todas las mujeres deben recibir un trato digno.
“En la práctica, muchas adolescentes son juzgadas, infantilizadas o incluso castigadas por estar embarazadas. Esto se traduce en: negación de información clara sobre procedimientos durante el parto (‘como es joven, no entendería’), toma de decisiones sin su consentimiento (por ejemplo, episiotomías injustificadas o cesáreas sin explicación) y maltrato verbal (‘esto te pasa por andar de fresca’, ‘cuando lo estabas haciendo no te dolía’)”, cita la también extitular de la Dirección Materno Infantil y Adolescente del Ministerio de Salud.
De acuerdo con la doctora Fondeur, a esto se suma que las primerizas, sobre todo adolescentes o jóvenes, al desconocer cómo debe ser un parto respetado, no identifican cuándo están siendo violentadas y normalizan prácticas como tactos repetidos sin consentimiento o la separación injustificada de sus bebés.
De acuerdo con el estudio “Violencia obstétrica y ciencias sociales: Estudios críticos en América Latina”, el uso de la cesárea como una práctica que, en determinados contextos, puede constituir una forma de violencia obstétrica cuando no responde a criterios médicos justificados, ni al consentimiento informado de las mujeres.
Agrega que la pobreza limita las opciones de las mujeres, llevándolas a lo que Castro llama preferencia adaptativa. Esto significa que las mujeres se resignan a aceptar el maltrato, el lenguaje áspero y la falta de privacidad en los hospitales públicos como algo “normal” de la atención para pobres, perdiendo su autonomía y capacidad de exigir calidad.
Epidemia de cesáreas innecesarias
La doctora Fondeur es clara al afirmar que las cesáreas innecesarias constituyen una forma evidente de violencia obstétrica. “Cuando este procedimiento se realiza sin indicación médica válida, vulnerando el principio de autonomía y el consentimiento informado, cumple con los criterios de violencia de género institucionalizada”, subraya. Según datos de la OMS, esto podría poner en peligro la vida de las madres y sus recién nacidos si no hay justificación médica.
En este país caribeño, la práctica alcanza dimensiones epidémicas: con tasas del 58%-62% de cesáreas (la más alta de América Latina), quintuplica el 10%-15% que la OMS considera como rango óptimo. “Lo alarmante es que esta intervención quirúrgica se ha convertido en rutina, incluso para embarazos de bajo riesgo donde un parto vaginal sería perfectamente viable. Esta medicalización injustificada expone a las mujeres a riesgos innecesarios (infecciones, complicaciones anestésicas) y viola sus derechos reproductivos”, advierte la ginecóloga-obstetra.
Un estudio publicado en BMJ Open en 2021 indica que aproximadamente el 17 % de las mujeres que sufrieron maltrato durante el parto desarrollaron síntomas de TEPT meses después.
Su homólogo Pérez lo valida: “Somos el país que más cesáreas hace… no es algo que nos llene de orgullo”. Recordó que uno de los objetivos de Salud Pública es reducir estas tasas, ya que las cesáreas conllevan riesgos como mayor sangrado e infecciones, lo que puede derivar en complicaciones severas e incluso en la muerte materna.
Enfatizó que la alta tasa de cesáreas responde a múltiples factores. “Desde la paciente que te dice ‘yo no quiero parir’ hasta el médico que considera que ‘te conviene una cesárea’”, señala.
También mencionó que el factor económico influye en esta decisión. La diferencia en pagos entre partos vaginales y cesáreas es mínima, aunque el tiempo de atención varía considerablemente. Mientras un parto vaginal puede durar hasta 12 horas, una cesárea se realiza de 45 minutos a una hora.
“Si se pagara más por los partos vaginales, aquí se estarían haciendo partos a dos manos y reduciendo las cesáreas innecesarias”, plantea el representante de los ginecólogos y obstetras del país.
Fondeur cita que 4 de cada 10 muertes maternas ocurren tras cesáreas, muchas en mujeres jóvenes sin patologías previas. “Como médicos, debemos preguntarnos: ¿estamos priorizando la comodidad del equipo o la seguridad de nuestras pacientes?”
Muertes maternas
La meta de reducir las muertes maternas en este país enfrenta serias dificultades, pese a algunas disminuciones. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), entre 2019 y 2023 se registraron 766 fallecimientos, de los cuales el 50% fueron considerados evitables debido a la falta de protocolos claros y de atención adecuada.
De acuerdo con datos citados por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), el 95% de estas muertes ocurrieron en hospitales públicos, pero una de cada tres no está registrada porque sucedió en el sector privado.
El CIPAF señala que, al llegar a los centros de salud, las pacientes a menudo enfrentan escasez de personal, recursos limitados y demoras en los procedimientos médicos. Destaca que el 14.5% de las muertes maternas corresponde a adolescentes de entre 10 y 19 años, evidenciando los riesgos del embarazo temprano. Además, el 37.3% de las fallecidas tenía menos de 25 años, lo que refleja desigualdades y prácticas culturales que aumentan su vulnerabilidad.
La tasa real de mortalidad materna en el país es de 124.88 por cada 100,000 nacidos vivos, y durante el año 2024 se registraron 180 muertes maternas, según el boletín semanal presentado por las autoridades. El representante de la SDOG reconoce que este país, al igual que otros, aún tiene una tarea pendiente en la disminución de la mortalidad materno-neonatal, un indicador clave para los organismos internacionales.
Mayor inversión y prevención
El representante de la SDOG destacó la necesidad de fomentar la atención preconcepcional en el país. “Las mujeres que desean un embarazo deben asistir a consultas previas para detectar riesgos y tratar complicaciones, lo que favorece el proceso cuando llega el embarazo”, afirmó el doctor Pérez.
Enfatizó la importancia del control prenatal, subrayando que la OMS recomienda un mínimo de ocho visitas, comenzando antes de las ocho semanas. Durante esta primera consulta se deben realizar análisis, historia clínica detallada y evaluación de factores de riesgo como obesidad, hipertensión o diabetes, para controlar estas condiciones desde el primer trimestre.
Contrario a esta práctica ideal, muchas mujeres llegan con complicaciones avanzadas, lo que dificulta el tratamiento. Para reducir las muertes maternas en el país, hizo un llamado a la colaboración entre la sociedad, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Colegio Médico Dominicano. Abogó por estandarizar la atención obstétrica: “Es fundamental protocolizar todos los procesos para garantizar la salud y vida de madres y bebés”, puntualizó.
Ante la alta tasa de mortalidad materna, el economista y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Juan Ariel Jiménez, advirtió que cerca del 25% de estas muertes se deben a trastornos hipertensivos en el embarazo. A su juicio, esto indica que el Gobierno debe fortalecer el cuidado prenatal para identificar a tiempo los riesgos, corregir oportunamente y ofrecer un seguimiento adecuado.
«Hace falta una mayor inversión, especialmente en la atención primaria. Es fundamental concebir el parto como un proceso que abarca el antes, el durante y el después del evento». (Juan Ariel Jiménez, economista y exministro del Mepyd)
Jiménez también urgió de mejorar el cuidado postnatal, ya que alrededor del 20% de las muertes se relacionan con hemorragias posparto. “El gran desafío del país es fortalecer este primer nivel”, afirmó a elDinero, lo que requiere fuertes inversiones en infraestructura, contratación de personal y capacitación adecuada para médicos y enfermeros, principalmente en especialidades clave como medicina familiar e interna.
“La vida humana no tiene un valor económico: trasciende. La muerte de una mujer representa no solo la pérdida de una vida, sino también la desintegración de una familia”, subrayó Jiménez. Desde una perspectiva económica, argumentó que el impacto es significativo, dado que se pierde a una persona productiva y el manejo de emergencias posparto se complica y se encarece por no tener una atención prenatal adecuada.
Recalcó que prevenir enfermedades antes del parto permitiría un uso más eficiente de los recursos. “Sin duda, hace falta una mayor inversión, especialmente en la atención primaria. Es fundamental concebir el parto como un proceso que abarca el antes, el durante y el después del evento”, puntualizó el también docente en Harvard.
Impacto emocional y reproductivo
Una joven madre, cuyo nombre se omite, aún tiene secuelas de su parto. “Yo me porté muy bien, solo quería agarrar algo y toqué la mano de la pediatra, y ella me rechazó. Eso me marcó mucho en mi parto”, comenta. Otra madre narra: “En mi caso, las enfermeras fueron muy apáticas. Me dijeron: ‘y eso que es el primero que tiene’. En un momento de dolor intenso, escuchar palabras de desaliento y denigrantes te absorbe la fuerza”, cuenta.
En tanto, para María, las secuelas han sido permanentes. “A mi hijo le provocaron una parálisis obstétrica. Su brazo derecho no funciona como el de cualquier niño recién nacido. En mi caso, esa no fue mi realidad. Tiene una lesión permanente, a pesar de todo un proceso de fisioterapia durante mucho tiempo”, narra.
La psicóloga clínica Rut Encarnación Genao señala que la violencia obstétrica deja marcas profundas que afectan a las mujeres mucho después del parto. Muchas reportan síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT), ansiedad y depresión posparto, así como sentimientos de culpa y vergüenza. Un estudio publicado en BMJ Open, en 2021, indica que aproximadamente el 17% de las mujeres que sufrieron maltrato durante el parto desarrollaron síntomas de TEPT meses después.
«La violencia obstétrica deja marcas profundas que afectan a las mujeres mucho después del parto. Muchas reportan síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT), ansiedad, depresión postparto, culpa y vergüenza». (Rut Encarnación Genao, psicóloga clínica)
La también especialista en psicología forense detalla que sentirse deshumanizada afecta la confianza en el sistema de salud y deteriora las relaciones personales. María describe que, siete años después del diagnóstico de su primogénito, “en mi segundo embarazo, cuando quedé embarazada, entré en pánico por el miedo a todo esto, a enfrentarme nuevamente a un parto”.
“Como madre, como mujer, como persona, como psicóloga, te puedo decir que la violencia obstétrica tiene consecuencias emocionales y psicológicas muy significativas y difíciles de superar”, añade.
Por su parte, Dalma Dipp Anderson, ginecoobstetra especializada en reproducción humana, enfatiza a elDinero que, aunque la violencia obstétrica no se describe directamente como causa de infertilidad, podría llevar a decisiones como no intentar más embarazos por temor a revivir experiencias traumáticas.
«Cuando la violencia está acompañada de una mala práctica médica este hecho podría tener una consecuencia física que puede llevar a la infertilidad». (Dalma Dipp Anderson, ginecobstetra especializada en reproducción humana)
Dipp Anderson cita el caso de una paciente que sufrió una sutura incorrecta en el canal del parto, lo que resultó en deformaciones permanentes que afectaron su vida cotidiana y su relación de pareja. No obstante, aclara que cuando la violencia se combina con una mala práctica médica, las consecuencias pueden ser físicas y potencialmente derivar en infertilidad.
Un ejemplo es la maniobra de Kristeller —desaconsejada por la OMS— que, si se realiza incorrectamente, puede causar roturas uterinas y terminar en histerectomías, convirtiéndose en la causa de la infertilidad.
¿Cómo sanar emocionalmente?
La psicóloga resalta la importancia de trabajar en la autoestima y el empoderamiento tras intervenciones médicas sin consentimiento. Propone herramientas para sanar: validar experiencias, buscar apoyo profesional, reconstruir narrativas y reconectar con el cuerpo.
“La sanación no es lineal; habrá días con avances y otros con retrocesos. Cada paso cuenta”, resalta Encarnación, recordando que celebrar los pequeños logros es parte fundamental del camino hacia el bienestar emocional.
María ve en su hijo aquel día que cambió sus vidas. “Hoy mi hijo tiene 12 años, y cuando tenía 10 comenzó a preguntarme por qué tiene el brazo así, si se puede operar, qué podemos hacer para que recupere la movilidad. Generalmente le explico qué fue lo que sucedió, que su brazo ganará destreza mientras más lo use. Lo motivo y lo animo para que esto tenga el menor efecto psicológico en él y en su autoestima”, explica María, quien ayuda a otras víctimas.
Un llamado a la acción
La violencia obstétrica no está tipificada en la legislación dominicana, según el abogado penal Mario Aguilera. Aunque el artículo 309-1 del Código Penal reconoce la violencia contra la mujer con penas de uno a cinco años, su aplicación a la violencia obstétrica es limitada debido a sus características particulares.
«Se requiere voluntad política para legislar y establecer medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de violencia, aspectos que actualmente son escasos en el marco legal del país». (Mario Aguilera, abogado penalista)
“El problema es que este tipo de violencia tiene características muy particulares y especiales, por lo que podrían presentarse casos importantes que constituyan violencia obstétrica y no puedan subsumirse legalmente en la fórmula del artículo citado”, argumenta el experto en derecho penal.
La ginecoobstetra Fondeur apoya que esta sea reconocida y sancionada legalmente como una forma específica de violencia de género. Insiste en que esto no es un ‘daño colateral’ del ejercicio de la obstetricia, sino una violación de derechos humanos. Aboga por una ley específica contra la violencia obstétrica, mecanismos accesibles de denuncia y una reforma en la formación médica.
