República Dominicana ha logrado avances importantes en sectores tradicionales como turismo, zonas francas y construcción. Sin embargo, cuando se trata de ciencia, tecnología e innovación (CTI), el país aún carece de un marco legal integral que fomente la inversión en investigación y desarrollo. Esta carencia limita el potencial de crecimiento en industrias de alto valor agregado.
En economías modernas, la CTI se convierte en un eje de competitividad y atracción de capital. Israel, Corea del Sur o, incluso, Chile han demostrado que los países pequeños pueden posicionarse como polos de innovación si cuentan con políticas coherentes.
La inversión en investigación y desarrollo (I+D) en el país no supera el 0.1% del PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano y lejos de los niveles recomendados por la OCDE. Este déficit refleja tanto limitaciones presupuestarias como falta de mecanismos de cofinanciamiento con el sector privado. La ausencia de incentivos fiscales específicos desincentiva a las empresas a apostar por innovación tecnológica.
Una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación podría convertirse en el instrumento articulador de esta política, incluir incentivos tributarios para empresas que inviertan en I+D, esquemas de créditos fiscales y programas de fondos concursables para proyectos tecnológicos. Además, sería clave la creación de un fondo nacional de innovación con participación público-privada.
La dimensión educativa es inseparable de este debate. Un marco legal de CTI debería establecer puentes más fuertes entre universidades, centros de investigación y empresas. La transferencia de conocimiento desde las aulas hacia el sector productivo es un motor probado de competitividad.
El talento dominicano existe, pero carece de apoyo institucional. Jóvenes innovadores encuentran más fácil migrar o asociarse con programas internacionales que desarrollar sus proyectos en territorio nacional. La fuga de cerebros es una consecuencia directa de la falta de políticas en estas áreas.
La agenda de CTI también tiene una dimensión geopolítica. Los organismos multilaterales y los inversionistas internacionales están canalizando recursos hacia proyectos verdes, digitales y de inclusión tecnológica. Si el país no actualiza su marco normativo, corre el riesgo de quedar fuera.
El sector privado puede y debe ser protagonista en esta transformación. La participación de gremios empresariales, cámaras de comercio y asociaciones de industrias es esencial para definir prioridades, detectar brechas y proponer soluciones pragmáticas.
En definitiva, la República Dominicana necesita una política de ciencia, tecnología e innovación que vaya más allá de declaraciones y planes dispersos. Requiere una ley integral que garantice continuidad, incentive la inversión y proteja la propiedad intelectual.
Si nuestro país quiere diversificar su matriz productiva y generar empleos de alta calidad, debe colocar la CTI en el centro de su estrategia de desarrollo. De lo contrario, seguiremos dependiendo de sectores tradicionales -que son esenciales y valiosos- mientras el mundo avanza hacia una economía basada en conocimiento y tecnología.
