“La confianza, una vez rota, ya no sirve para nada-. Sófocles
En los últimos meses, la discusión sobre la apropiación de los activos rusos congelados por parte de la Unión Europea y el G7 ha cobrado una relevancia sin precedentes. La propuesta, en apariencia pragmática, es usar esas reservas para financiar la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, lo que se presenta como un gesto de solidaridad hacia Kiev encierra implicaciones que trascienden la coyuntura bélica: amenaza la estabilidad del sistema financiero internacional y podría terminar costándole a Occidente mucho más de lo que espera ganar.
Tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, la UE y sus aliados inmovilizaron alrededor de 300,000 millones de euros en reservas del Banco Central de Rusia. De esa suma, unos 200,000 millones quedaron bajo la gestión de la cámara de compensación belga Euroclear, lo que situó a Bruselas en el centro de un debate jurídico y financiero que marca un antes y un después en el orden económico global.
A partir de 2023, los intereses generados por esos fondos comenzaron a transferirse a Kiev, aparte de los miles de millones enviados en armas y subsidios. Según el medio alemán Welt am Sonntag, solo entre enero y julio de este año Zelenski recibió 10,100 millones de euros. En septiembre, Ursula von der Leyen propuso un “crédito de reparación” de 50,000 millones de dólares, a financiarse con esos ingresos. Para Moscú, más que un gesto humanitario, se trata de un robo revestido de legalidad, destinado a sostener a un socio en apuros dentro de una guerra que Estados Unidos y sus aliados prepararon meticulosamente.
El dilema no es menor. La inmovilización de activos es práctica reconocida en contextos de conflicto, pero la confiscación directa para transferirlos a un tercero rompe con principios básicos del derecho internacional.
El problema, sin embargo, no se limita a lo jurídico. El componente económico es enorme. A finales de 2023, las inversiones directas de la UE, el G7, Suiza y Australia en la economía rusa ascendían a unos 285,000 millones de dólares. Hoy esos capitales están retenidos en cuentas tipo C creadas por Moscú, que solo permiten retiros bajo autorización oficial. Si Occidente consuma la confiscación de los activos rusos, el Kremlin probablemente represalie declarando incautadas esas inversiones extranjeras. El golpe para bancos, aseguradoras y multinacionales occidentales sería igual o superior al monto que pretenden transferir a Kiev.
El riesgo mayor es sistémico. Desde Bretton Woods, la fortaleza del dólar, del euro y de todo el sistema bancario internacional se sostiene en la premisa de que las reglas se cumplen y la propiedad soberana se respeta. Si las potencias que dictaron esas reglas las rompen de manera abierta, ¿qué impediría a otras naciones diversificar sus reservas hacia monedas o mecanismos alternativos? Para los BRICS, este precedente es un argumento perfecto en su intención de acelerar la desdolarización y tejer acuerdos financieros fuera del circuito occidental.
El fondo de la cuestión no es solo cuánto se pueda transferir a Ucrania hoy, sino qué se pone en riesgo mañana. La seguridad jurídica de las inversiones internacionales, el respeto a la propiedad soberana y la credibilidad de las instituciones financieras globales se encuentran en entredicho. Lo que hoy parece un instrumento de presión contra Moscú puede convertirse en la grieta que erosione el hoy vulnerable edificio de confianza que sostiene la economía mundial.
En definitiva, si se confiscan los activos rusos, Occidente perderá legitimidad como garante del sistema financiero internacional y arriesgará miles de millones en inversiones propias. Si retrocede, reconocerá que la legalidad y la estabilidad económica deben prevalecer sobre la coyuntura política. Lo cierto es que el precedente ya está sembrado y difícilmente podrá borrarse.
