En República Dominicana hemos perfeccionado el arte de vivir en una ilusión económica. Durante décadas, los distintos gobiernos han optado por una estrategia que, si bien garantiza una paz social momentánea, socava los cimientos de nuestro desarrollo a largo plazo. ¿De qué se trata? De los subsidios generalizados.
Como ha señalado el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, nuestra economía opera bajo una red de “precios mentirosos”, cifras que vemos en nuestras facturas de luz, agua o combustibles, pero que no guardan relación con el costo real de producirlos o importarlos.
El concepto de “precios distorsionados” no es un mero tecnicismo académico de la Universidad de Chicago, como dice Magín. En lo que a mí respecta, creo que es una realidad que nos golpea cada vez que el presupuesto nacional se desangra para cubrir déficits eléctricos o subsidios a los hidrocarburos que superan, en ocasiones, los RD$100 pesos por galón.
El problema fundamental es que posponer la crisis no es lo mismo que evitarla. Al mantener los precios artificialmente bajos, estamos simplemente pasando la factura a nuestro “yo” del futuro, acumulando una deuda que tarde o temprano tendremos que pagar, ya sea mediante más impuestos o con el colapso de los servicios públicos. Bueno, también con inestabilidad macroeconómica en caso de que todo se vaya a pique.
El caso eléctrico es el ejemplo más doloroso. Mantener una tarifa congelada durante una década (2011-2021) mientras el peso se depreciaba y los costos internacionales subían, fue un acto de irresponsabilidad política compartida. ¿Verdad o mentira? Las distribuidoras, atrapadas en un círculo vicioso de comprar caro en dólares y cobrar barato en pesos, se han convertido en un barril sin fondo que absorbe recursos. Más de US$1,300 millones en subsidios cada año debería dolernos.
Es comprensible el temor al estallido social. Ningún político quiere ser el rostro de un aumento abrupto en el costo de la vida. Sin embargo, la “sincerar” los precios no tiene por qué ser un castigo para los más vulnerables. La clave, como sugiere Díaz, está en la gradualidad y, sobre todo, en la focalización. El subsidio debe dejar de ser una manta que cubre a todos por igual, incluyendo a quienes pueden pagar, para convertirse en una red de seguridad exclusiva para quienes sí lo necesitan.
La experiencia del 2008 con el gas demuestra que, cuando hay voluntad, es posible ajustar la carga sin incendiar la calle.
La estabilidad macroeconómica de la que goza el país es un activo valioso, pero no es invencible. No podemos pretender que el Estado lo subsidie todo sin generar un déficit que comprometa nuestra soberanía financiera. La madurez de una sociedad se mide por su capacidad de enfrentar la verdad, por amarga que sea.
Es hora de dejar de aceptar los “precios mentirosos” y empezar a construir una economía basada en la productividad real y no en el espejismo del subsidio. En todo este escenario de petición de sacrificios, sin embargo, hay que ver qué ofrece el Gobierno.
