El alivio en las cifras de pobreza en República Dominicana podría ser más frágil de lo que aparenta. Apenas un día después de que el presidente Luis Abinader anunciara que cerca de 200,000 personas salieron de esa condición, el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares e infraestructura militar en Irán le dio un giro al panorama global, amenazando la estabilidad económica del país y el poder adquisitivo de los dominicanos.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía (MHyE), la pobreza monetaria general, que incluye la pobreza moderada y la extrema, se ubicó en 17.3%, equivalente a una reducción de 1.7 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando era de 19%.
“Esta reducción implicó que 172,346 personas superaran la línea de pobreza monetaria, además, la pobreza moderada descendió a 15.1% (1.4 puntos porcentuales) y la pobreza extrema pasó de 2.4% a 2.2%, equivalente a 24,749 personas que dejaron atrás esta condición”, establecen los datos de la institución.
Fue en su presentación más reciente, a través de los canales oficiales de la Presidencia, donde el jefe de Estado anunció algunas medidas para hacer frente a la crisis internacional. Una de ellas es mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y social mediante el fortalecimiento de los programas sociales con la reasignación de recursos de partidas menos prioritarias. Según Abinader, se han identificado RD$10,000 millones para estos fines sin afectar el gasto total.
Asimismo, explicó que se implementará de nuevo un subsidio a los fertilizantes que se importan hacia el país con el objetivo de paliar los precios de los alimentos. No obstante, consideró que los ajustes a los precios de los combustibles son una respuesta “responsable”, ya que permitirá reducir el subsidio en RD$12,000 millones en lo que resta de 2026.
El mandatario aseguró que se esperan incrementos en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte, así como en los precios de los alimentos, esto así, porque la nación caribeña se enfrenta a un choque externo “de gran magnitud”.
Al respecto, el economista José Luis de Ramón explica a elDinero que el conflicto en Medio Oriente disparará la inflación global, ya que cualquier interrupción en el suministro de petróleo y gas encarece inevitablemente toda la cadena de producción y transporte.
“Cuando sube la energía, sube todo. Esta es un insumo transversal, que está incorporada en la producción, el transporte y la distribución de prácticamente todos los bienes y servicios, por tanto, un aumento en su precio genera un efecto inflacionario generalizado. No hay sector que escape”, subraya.
Detalla que este fenómeno impide que las autoridades monetarias reduzcan sus tasas de interés. En ese sentido, señala que, por la interconexión entre el mercado financiero dominicano y el de Estados Unidos, será “muy difícil” bajar tasas de interés hasta que lo haga la Reserva Federal (FED). Además, puntualiza que los bienes importados llegan más caros, erosionando el poder adquisitivo de los hogares.
También, precisa que los bienes producidos en el ámbito nacional se encarecen, ya que las empresas enfrentan mayores costos de transporte, electricidad y combustibles. “El resultado es el mismo: precios finales más altos para el consumidor”, enfatiza De Ramón.
Visión del CREES
El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, expresa que el escenario internacional actual no solo plantea retos para las familias que tendrán menos capacidad de ingresos y ahorros, sino para las empresas, las cuales tendrían menores márgenes y menos capacidad de inversión y contratación de nuevo personal.
Al preguntársele sobre la vulnerabilidad del peso dominicano en este contexto, Collado Di Franco responde que el valor de esta moneda frente al dólar dependerá de la respuesta del Banco Central si adopta una política expansiva.
Él agrega que un dólar más caro aumenta el costo de las importaciones, pero, también, beneficia las exportaciones, pues, se reciben más ingresos.
Protección
De Ramón advierte que, ante el escenario internacional, el Estado dominicano enfrenta una presión inmediata para proteger a los sectores más vulnerables. “Tradicionalmente, el país ha utilizado transferencias monetarias no condicionadas como principal herramienta de alivio a la pobreza”, sostiene al tiempo de agregar que, en el corto plazo, es razonable que estos programas se expandan para compensar el aumento en el costo de la canasta básica.
No obstante, se trata de un mecanismo con “problemas estructurales”, esto así, porque todos los beneficiarios son pobres y no todos los pobres reciben asistencia.
Esta “mala focalización”, dijo, implica que una parte significativa de los recursos no llega a quienes realmente lo necesitan. En ese orden, el especialista insta a una revisión profunda de los padrones de beneficiarios para mejorar la eficiencia del gasto social.
Asevera que la estructura administrativa de esos programas es “ineficiente y costosa”. Para él, el frente fiscal y la falta de focalización se complican por los subsidios a los combustibles y a la electricidad, los cuales son económicamente regresivos, pues, benefician más a los segmentos de mayores ingresos y que consumen más energía.
“Mantener los subsidios actuales representaría una carga fiscal superior a los RD$100,000 millones en un solo año, presionando peligrosamente el déficit del Estado ante el alto costo de los combustibles y la energía eléctrica”, manifiesta De Ramón.
Reformas
Collado Di Franco dice a este medio que es imperativo hacer la economía dominicana más productiva y competitiva a través de reformas tributarias, eléctricas, así como laborales. “El Gobierno debe hacer un sacrificio, reduciendo el gasto, evitando que los aumentos se traspasen en su totalidad a la ciudadanía”, considera.
En tanto, De Ramón prevé que el Gobierno, al enfrentarse a una disyuntiva compleja, traslade el aumento de costos a los consumidores vía precios más altos, aumente el déficit fiscal para amortiguar el impacto y recorte otras partidas de gasto, incluyendo la inversión pública.
En ese contexto, el desafío no será solo contener el impacto inmediato del conflicto bélico, sino evitar que el encarecimiento del costo de vida revierta los logros alcanzados en la reducción de la pobreza.
