La economía dominicana camina sobre una cuerda floja donde el crecimiento macroeconómico choca frontalmente con una realidad estructural insostenible: el sector eléctrico.
A pesar de décadas de reformas, pactos y promesas de eficiencia, el sistema eléctrico nacional se mantiene como el mayor drenaje de los recursos del Estado.
A decir verdad, es un “barril sin fondo” que devora el esfuerzo fiscal de los contribuyentes y limita la capacidad de inversión en áreas vitales para el desarrollo humano.
Las cifras para este 2026 son, sencillamente, alarmantes. Se proyecta que el sector absorberá más de RD$92,475 millones en subsidios. Si a esto le sumamos los RD$105,800 millones consumidos en 2025, estamos ante una sangría financiera que supera los RD$196,000 millones en apenas dos años.
¿Cuánto no pudimos haber hecho como país con ese dinero? En términos llanos, el Estado dominicano se endeuda y sacrifica hospitales, escuelas e infraestructuras de transporte masivo para cubrir el agujero financiero de la ineficiencia energética.
Es justo reconocer los esfuerzos realizados desde la gestión del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED). La tarea es difícil. Se percibe una intención de profesionalizar la administración y enfrentar vicios históricos.
Sin embargo, en la gestión pública, las buenas intenciones no sustituyen a los resultados. La realidad es que las pérdidas de energía se sitúan actualmente por encima del 36.7%. Que casi cuatro de cada diez kilovatios comprados por las distribuidoras no se cobren, ya sea por ineficiencias técnicas o por el flagelo del robo de energía, es una métrica triste que ninguna economía emergente puede soportar a largo plazo.
Este nivel de pérdidas sitúa al país en una posición de vulnerabilidad extrema. Aunque ha habido avances en la transición energética, lo cual debe reconocerse, República Dominicana sigue anclada en una lucha básica por la sostenibilidad comercial de sus distribuidoras.
El costo de oportunidad es devastador: los recursos que hoy se destinan a cubrir el déficit de las EDE son fondos que no están disponibles para obras que realmente aporten valor agregado a la economía o para reducir la carga impositiva que asfixia a los sectores productivos. Esta sangría de recursos hay que frenarla sin pensar en las consecuencias políticas y sí en el futuro del país.
