La industria del seguro es frecuentemente percibida de manera estática: un mecanismo financiero que los agentes económicos activan solo ante el infortunio y la desgracia. Sin embargo, la teoría económica moderna demuestra que los seguros operan como un engranaje sistémico y un estabilizador macroeconómico fundamental.
Sin su blindaje, la incertidumbre paralizaría la inversión de largo plazo, el crédito colapsaría ante los choques exógenos y los Estados verían pulverizados sus presupuestos de contingencia ante desastres naturales. Adicionalmente, se ha demostrado que la industria del seguro impacta la economía e incide de manera importante en el crecimiento económico.
En efecto, a nivel global, la contribución de esta industria se evalúa mediante el Índice de Penetración, es decir, cantidad de primas totales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Por ejemplo, un análisis comparativo muestra que mientras en las economías desarrolladas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) este índice ronda el 8% o 9%, en América Latina se ubica entre el 2.5% y el 3.2%.
Estimaciones numéricas hechas por Webb et al (2002), y citados por Pinzón, M. (s/f), acerca de la relación entre primas emitidas y el crecimiento de la economía, permiten afirmar que un incremento del 2% en la penetración de los seguros de vida resultará en un aumento del 1.12% en el PIB per cápita. Así también, autores como Han et al (2010) encontraron que un incremento del 1% en la densidad de los seguros aumentará el crecimiento en 4.8%; específicamente, el impacto del sector sobre la economía será de 1.7% cuando el aumento del 1% es en los seguros de vida, y del 4.1% si aumenta la densidad de los seguros de no vida.
Las aseguradoras, por demás, particularmente en los ramos de Vida y Retiro, actúan como potentes inversores institucionales. Al recaudar primas de manera anticipada para compromisos que se liquidarán años o décadas después, acumulan un volumen masivo de reservas técnicas. Este capital de largo plazo no se queda ocioso; se canaliza hacia los mercados financieros mediante la compra de bonos soberanos, el financiamiento de grandes obras de infraestructura pública y la capitalización de empresas privadas.
Otro enfoque es que el seguro funciona como un catalizador de la audacia empresarial, pues al transferir el riesgo financiero de un siniestro (como un incendio o un ciberataque) a una aseguradora, las empresas reducen drásticamente la necesidad de mantener grandes reservas de liquidez ociosa para imprevistos.
Más aun, cuando ocurre una catástrofe y el mercado de seguros está poco desarrollado, el Estado se ve obligado a asumir el rol de “asegurador de última instancia”, generando lo que se conoce como Brecha de Protección que es la diferencia entre las pérdidas económicas totales y el monto cubierto por pólizas.
En ese mismo orden, en países vulnerables a fenómenos climáticos como la República Dominicana, una baja cobertura de seguros obliga al gobierno a desviar fondos presupuestarios destinados a educación, salud o infraestructura para financiar la reconstrucción de emergencia, disparando el déficit fiscal y el endeudamiento público.
De ahí que el diseño y la implementación de políticas públicas que fomenten los microseguros debería ser una estrategia de primer orden para garantizar la resiliencia y la sostenibilidad fiscal.
