“No hay nada tan inútil como hacer eficientemente aquello que no debería hacerse”. -Peter Drucker.
El Plan ProDesarrollo tiene el mérito de que coloca sobre la mesa la verdad incómoda de que la crisis internacional del petróleo, la presión sobre los subsidios, el déficit fiscal y la necesidad de sostener la inversión pública no pueden enfrentarse con discursos complacientes. Toda economía pequeña, abierta e importadora de combustibles está obligada a escoger entre dejar pasar los precios y castigar a los hogares, subsidiar demasiado y deteriorar sus cuentas, recortar inversión y comprometer el crecimiento, o buscar alternativas que reduzcan los costos macroeconómicos y sociales de todas esas opciones.
Desde nuestra perspectiva, el Gobierno ha optado por una ruta intermedia porque busca recaudar más, preservar algunos alivios, proteger a los sectores vulnerables y no tocar directamente el ITBIS, que es el impuesto políticamente más explosivo. Si bien esa prudencia tiene sentido, también parece razonable que una parte mayor del esfuerzo recaiga sobre grandes empresas, altos ingresos, juegos de azar, cigarrillos electrónicos y transferencias financieras. Más discutible resulta el aumento, aunque sea menor, sobre los pasajes aéreos, un servicio al que recurren ciudadanos de distintos niveles sociales, no siempre por lujo, sino muchas veces por necesidad familiar, laboral o migratoria.
Sin embargo, el debate comienza donde termina la presentación oficial. El país no solo necesita más ingresos, sino un Estado menos costoso, disperso y clientelar, y más productivo. Ningún plan procrecimiento podrá sostenerse con una estructura pública que convierte demasiados recursos en nómina, duplicidades, desvíos de fondos, asesores sin función, instituciones de escaso impacto y empleos improductivos.
Esta es una arista que nadie quiere tocar, quizás porque afecta intereses propios o ajenos. Ese es el punto que la propuesta gubernamental apenas roza. Habla de reducir gastos operativos, publicidad, viáticos, pasajes, eventos, vehículos, contrataciones y transferencias no prioritarias, lo cual es correcto, pero insuficiente. Para llamarse reforma fiscal debería centrarse no solo en un paquete de recaudación, sino también en una reingeniería integral del Estado, del gasto, de la corrupción, de los favores clientelares, de las exenciones, de la deuda, de una nómina que suele abultarse ante las proximidades de las elecciones presidenciales y de la calidad de los servicios públicos.
Una reforma fiscal verdadera no se limita a buscar dinero donde es políticamente viable; entendemos que también define qué Estado se quiere financiar, con cuáles prioridades, bajo qué reglas de eficiencia y con qué consecuencias para quienes despilfarran o roban.
Ahí aparecen los verdaderos perdedores que son el contribuyente formal que cumple y el asalariado que no puede evadir. Pero también pierde la empresa productiva que compite pagando impuestos, salarios y seguridad social; la juventud, sus hijos y sus nietos que heredarán una deuda más pesada, y el ciudadano pobre, porque un Estado que gasta mal tiene menos capacidad para ofrecer educación, salud, transporte, agua potable, seguridad e infraestructura. Así de simple.
Los ganadores silenciosos son quienes viven de la intermediación presupuestaria, los que reciben ingresos públicos sin productividad pública, los beneficiarios de exoneraciones opacas, quienes convierten subsidios, empleos o programas sociales en instrumentos de control político, y quienes saben que toda reforma fiscal, al final, suele caer sobre los sectores visibles, registrados y cautivos del sistema.
Abogamos por una nueva ruta más audaz. Antes de pedir nuevos sacrificios, el Gobierno debería presentar un inventario nacional de empleos públicos, con indicación de la formación, experiencia profesional y funciones reales de quienes los ocupan. También tendría que identificar instituciones duplicadas, programas sin evaluación, subsidios filtrados, gastos con graves vacíos de fiscalización, exenciones injustificadas y gastos tributarios que no demuestren rentabilidad económica ni utilidad social. Sobra decir que cada peso adicional recaudado debería quedar vinculado a metas verificables de inversión, reducción del déficit, protección social focalizada y disminución gradual de la deuda, como resultado de una estrategia que racionalice su contratación y fortalezca la sostenibilidad fiscal.
¿El Plan ProDesarrollo puede servir realmente para inaugurar una etapa capaz de convencer a los electores de que el país avanza hacia un cambio real, con consecuencias verificables? Esa etapa comenzará cuando dejemos de confundir reforma fiscal con simple aumento de ingresos, y entendamos que la verdadera reforma consiste en ordenar la dinámica interna y los engranajes del Estado.
