Transitar por cualquiera de las calles de las principales ciudades de República Dominicana se ha convertido en una odisea diaria que desborda los límites de la cordura. Lejos de las promesas de modernización y de los gráficos relucientes presentados en los escritorios institucionales, la realidad vial del país es un reflejo inequívoco de una gestión deficiente.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), bajo la dirección ejecutiva de Milton Morrison, exhibe una desconexión incuestionable entre lo que se planifica en sus oficinas y las necesidades urgentes de los ciudadanos que padecen el asfalto.
El panorama actual en Santo Domingo, Santiago y otros centros urbanos importantes es alarmante. Salir a las avenidas principales ya no es un simple desplazamiento, sino un desafío absoluto a la paciencia.
En materia de tránsito, el entorno es un ambiente caótico, peligroso y profundamente estresante, donde el irrespeto a las leyes de tránsito por parte de conductores y motoristas ocurre ante la mirada pasiva de las autoridades. Los tapones interminables y el desorden generalizado en las intersecciones y calles demuestran que las medidas implementadas hasta la fecha han sido insuficientes para mitigar el colapso vial.
Esta crisis de movilidad no es un inconveniente menor; tiene un impacto directo en el desarrollo de la nación y en las finanzas de cada hogar. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la congestión vehicular en Santo Domingo genera un costo anual estimado en unos US$180 millones, lo que equivale a casi medio millón de dólares diarios diluidos en el asfalto junto a una demora agregada de 75 millones de horas anuales para los viajeros. ¡Un fracaso!
A nivel individual, y es sin quizá la parte más dura, este descalabro lo paga directamente el ciudadano de su propio bolsillo. Análisis sobre la movilidad urbana publicados por medios locales revelan que un conductor promedio en el Gran Santo Domingo gasta cerca de RD$2,000 adicionales cada mes únicamente en el combustible extra que se quema en los tapones, lo que representa un sobrecosto anual que ronda los RD$24,000 por vehículo.
Este dinero y tiempo perdidos en los embotellamientos restan tranquilidad a las familias dominicanas, pero también laceran severamente la competitividad y la productividad de los sectores económicos. Las horas operativas se diluyen entre bocinazos y maniobras temerarias. Ya no se trata únicamente del malestar de llegar tarde al destino, sino del riesgo constante de sufrir una situación de peligro inminente cada vez que se enciende un motor. Todos hemos sido testigos de actos que ponen en peligro la vida de personas.
El indicador más trágico e irrefutable de este escenario es que República Dominicana lidera de forma persistente las cifras de muertes por accidentes de tránsito a nivel internacional. Este dato lúgubre le da de frente a las autoridades del Intrant, evidenciando que las campañas preventivas y los planes anunciados no logran contener la pérdida de vidas humanas en las carreteras. Mientras los reportes oficiales se enfocan en resaltar logros administrativos o puntuaciones burocráticas, la ciudadanía sigue huérfana de un régimen de consecuencias efectivo y de una fiscalización real en las calles.
El descontento colectivo y las críticas de diversos sectores sociales e incluso legislativos confirman que la percepción de estancamiento es generalizada. La gestión de Milton Morrison en el Intrant, lamentablemente, queda en deuda con una población que no exige discursos ni proyectos a largo plazo, sino orden inmediato, seguridad y el derecho fundamental de transitar en paz. El divorcio entre la retórica oficial y el “sálvese quien pueda” de nuestras vías públicas es la prueba más clara de un fracaso gerencial que le sigue costando muy caro al país.
