Las controversias recientes sobre arbitraje y videoarbitraje (VAR) en el Mundial de fútbol dejan una intuición que va más allá del deporte: la confianza en un sistema no depende solo de que existan reglas, sino de que quienes participan perciban que se aplican con criterios consistentes.
En el deporte, esa confianza sostiene la legitimidad del juego. En una economía, condiciona decisiones de inversión, competencia, contratación, innovación y riesgo de largo plazo.
Por eso, la discusión no es solo jurídica; es económica. El Estado de derecho no se agota en leyes escritas, reguladores formales o procedimientos establecidos. Su prueba mayor es la aplicación: si actores similares reciben trato similar, si los permisos responden a criterios claros, si la fiscalización es proporcional, si los contratos se cumplen y si las disputas se resuelven sin depender del poder relativo de las partes.
Esa diferencia entre norma y aplicación es relevante en América Latina. La región no carece de reglas. Existen marcos legales modernos, instituciones especializadas y estructuras sofisticadas. La brecha suele aparecer entre la regla escrita y la regla aplicada. Esa distancia introduce incertidumbre en decisiones que deberían depender del mérito, el cumplimiento, la viabilidad económica o la calidad del proyecto.
Ahí se ubica el costo de la discrecionalidad. No siempre aparece como impuesto visible, pero se refleja en retrasos, cautela, litigios, intermediación innecesaria, menor competencia y proyectos diseñados para protegerse del sistema. No necesariamente elimina la inversión; muchas veces la encarece, la demora o la vuelve defensiva.
El problema no es solo que las reglas cambien. Es que, aun cuando existen, puedan aplicarse de manera distinta según quién solicita, quién decide, qué sector presiona o cuánto margen de interpretación queda abierto. Cuando eso ocurre, la regla deja de ordenar expectativas y empieza a producir riesgo.
Ese riesgo importa para cualquier economía que aspire a atraer inversión de mayor calidad. República Dominicana ha construido estabilidad macroeconómica, apertura y capacidad de atraer inversión. Ese punto de partida le da ventaja, pero no garantiza la siguiente etapa. Competir por capital de mayor valor agregado exige algo más que incentivos. Requiere trámites consistentes, regulación predecible, justicia oportuna, fiscalización proporcional y decisiones públicas que puedan explicarse con criterios técnicos, no personales.
Esto es relevante para sectores que requieren horizontes largos: energía, logística, tecnología, infraestructura, turismo sostenible, mercado de capitales y encadenamientos productivos. En esos espacios, el retorno no depende solo del proyecto, sino de la confianza en el entorno que lo rodea.
Por eso, reducir discrecionalidad no significa eliminar criterio técnico ni volver rígida la gestión pública. Significa limitar la arbitrariedad, documentar decisiones, transparentar procesos, fortalecer capacidades institucionales y asegurar que la regla aplicada coincida con la regla anunciada.
Los países no compiten solo por ubicación, costos o incentivos. Compiten por la calidad con que aplican sus reglas. Donde la discrecionalidad se reduce, la inversión puede mirar más lejos: deja de gastar energía en protegerse del sistema y puede concentrarse en producir, innovar y crecer dentro de él.
