Resulta alentador escuchar a productores y residentes del Valle de Constanza ponderar el hecho de que los caudales de algunos ríos mejoran después de las intervenciones que realizó el Ministerio de Medio Ambiente —durante la gestión de Francisco Domínguez Brito— para erradicar la agricultura de un área del Parque Nacional Valle Nuevo.
Pero, de la misma manera, resulta muy desalentador observar las denuncias —documentadas por medios informativos con imágenes y vídeos— de la Academia de Ciencias de República Dominicana y de las organizaciones ecologistas que insisten en que la zona sur del parque, la que capta el agua que llega incluso a la capital para consumo humano y alimentan fuentes acuíferas que abastecen los acueductos y sustentan las actividades industriales y agrícolas de provincias como San José de Ocoa, Azua, Peravia y San Cristóbal, sigue siendo impactada de manera severa por productores agrícolas.
Hemos visto, incluso, un vídeo en el que el ministro de Medio Ambiente promueve la siembra de aguacate en la parte sur del parque. Pero nos gustaría pensar que será debidamenta acatada la sentencia de del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la dependencia oficial sacar del área protegida toda actividad agrícola como establecen leyes y resoluciones.
Las aguas de Valle Nuevo y las de otras áreas amenazadas, como Sierra Bahoruco, deben ser vigiladas por toda la población que requiere agua potable. Pero, también, de la industria, el turismo y todos los sectores productivos que demandan el líquido para mantener encendido el motor de la economía.
