Santo Domingo.- El documento elaborado por el Gobierno para la propuesta del Pacto Eléctrico deja entrever las violaciones en que ha incurrido el sector privado, al lograr concesiones para instalar redes de transmisión y evadir pagos que deben hacer los beneficiados como Usuarios No Regulados (UNR).
Así se consigna en el punto 16 de la propuesta oficial, en donde se hace referencia a los puntos en que la normativa vigente (Ley 125-01 de Electricidad y sus reglamentos y modificaciones) ha sido violada por actores del sistema, especialmente del sector privado.
El punto más destacado se refiere al incumplimiento del Artículo 25 del Decreto 494-07 relativo a que las empresas que han recibido la concesión de UNR, deben pagarle al Estado el equivalente al 10% del monto de la factura energética que compran directamente a los generadores.
Los UNR tienen el beneficio de comprar energía directamente a los generadores, sin la intermediación de las distribuidoras. De esa forma negocian el precio de generación a niveles que en ocasiones está muy por debajo del valor a que esas mismas generadoras les venden a las distribuidoras.
Sin embargo, dado el gran ahorro que reciben por ser UNR, esas empresas deben aportar el equivalente al 10% de la facturación de compra de energía que hacen a las generadoras, lo cual no están cumpliendo.
Otro punto en el que el sector privado ha violado la Ley, posiblemente con la colaboración de representantes del Gobierno, es en lo referente a la adquisición de concesiones para instalar y operar redes de transmisión y proyectos de generación hidroeléctrica.
Por eso, la propuesta del Gobierno para el Pacto Eléctrico plantea en el acápite “c” del punto 16 lo siguiente: “Revisión de los permisos otorgados para la instalación de líneas de transmisión privadas, en violación del artículo 41 de su Párrafo IV (Ley 125-01) que reza como sigue: En ningún caso podrá concesionarse ni autorizarse empresas generadoras de origen hidráulica ni de transmisión de electricidad, las cuales permanecerán bajo propiedad y operación estatal”.
El hecho de haber incluido ese punto, es una admisión de que empresas privadas han sido beneficiadas con concesiones para operar redes de transmisión en violación de la ley vigente.
Otro punto que el Gobierno se propone corregir es el referente a la definición y regulación de las vinculaciones de empresas generadoras, “a fin de evitar prácticas anticompetitivas y/o abuso de poder dominante de mercado”, las cuales también están prohibidas por ley.
LA CDEEE NO FUE CONSULTADA
El documento de propuesta gubernamental para abrir las discusiones del Pacto Eléctrico fue elaborado por la comisión designada por el Poder Ejecutivo para tales fines, integrada por los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, y el ministro sin Cartera, Antonio Isa Conde.
La propuesta está disponible en el portal web del Ministerio de la Presidencia minpre.gob.do
A pesar de que la CDEEE encabeza el holding de empresas estatales de electricidad, su titular Rubén Bichara, no fue partícipe de su redacción, por lo que el contenido no ha sido consensuado con todos los entes del Gobierno, a pesar de que es la propuesta oficial gubernamental.
El Pacto Eléctrico debe ser el fruto del consenso entre todos los actores que serán convocados por el Consejo Económico y Social (CES), que actualmente preside monseñor Agripino Núñez Collado.
