Fernando Fernández Méndez de Andés
Especial para elDinero
La Unión Monetaria Europea ha superado una nueva crisis. No será la última pero sí ha sido muy importante, porque estas últimas semanas se ha dado un paso de gigante en la estabilidad y permanencia del euro.
Se ha confirmado que es el euro mucho más que un área de libre cambio o un sistema de tipos de cambio fijos; que una unión monetaria supone cesiones fundamentales de soberanía. 2014 fue el año de la cesión de soberanía financiera con la puesta en marcha del supervisor bancario único y la creación del mecanismo europeo de resolución.
Un hito trascendental cuya dimensión no se alcanza a comprender en toda su dimensión; si un banco de cualquier país de la Eurozona tuviera problemas de solvencia, la decisión de sanearlo, recapitalizarlo o liquidarlo, no le corresponde ya a las autoridades nacionales, ni al banco central ni al ministerio de Economía nacional, sino al Banco Central Europeo (BCE), a la Comisión Europea y al Eurogrupo. Este año 2015 va a ser sin duda el año de la unión fiscal, como acaba de comprobar en sus propias carnes el gobierno del presidente Tsipras.
Syriza ganó claramente las elecciones y debió pensar ingenuamente que su victoria le daba autoridad moral para reescribir los Tratados de la Unión. Ha tardado menos de un mes en descubrir que en Europa los gobiernos heredan las decisiones, los compromisos y las deudas de sus antecesores.
Y las normas europeas son claras: el BCE solo puede dar liquidez a los bancos de un país miembro si éste tiene grado de inversión o un programa de ajuste, de asistencia financiera de la Troika. Y un programa de esa naturaleza conlleva siempre condicionalidad macroeconómica y fiscal. Llegó Tsipras y mandó readmitir a los funcionarios despedidos, subió el salario mínimo y paralizó el programa de privatizaciones. Compromisos todo ellos incluidos en el programa vigente con Europa.
No contento con eso, proclamó a quien quisiera oírle que la deuda griega no se iba a pagar, que iba a declarar una quita unilateral. La respuesta no se hizo esperar, la fuga de capitales amenazó con colapsar la economía y dejar al país sin medios de pago.
Los inversores sofisticados sacaban su dinero fuera del país, el prudente padre de familia simplemente retiraba del banco sus ahorros en euros y los guardaba debajo del colchón. Unos cuantos días más y los griegos descubrirían el amargo significado de palabras como corrida bancaria, corralito o patacones. Y con ello firmarían su auto exclusión de la unión monetaria europea y su marginalización de todos los mecanismos institucionales de ayuda y solidaridad vigentes en el Viejo Continente.
Afortunadamente para todos no ha sido así. El nuevo gobierno griego ha aceptado la necesidad de solicitar una prórroga del programa vigente, y con ello de cumplir sus compromisos o aportar medidas equivalentes en términos de ajuste fiscal. Tiene que concretar sus vagas promesas de mejoras en la administración tributaria, de lucha contra el fraude fiscal y de cambios en la estructura de la economía y el mercado de trabajo griegos que permitan el crecimiento de la productividad; tiene que acabar con los monopolios y con la captura generalizada de rentas, por ejemplo con las pensiones de jubilación a los 55 años en el sector público.
Pero lo más importante es que ha aceptado que las reglas de la unión no se pueden modificar unilateralmente.
A cambio, hay espacio político para hacer concesiones. De hecho, ya las había negociado el gobierno anterior de Samaras, y tienen que ver con un cierto alivio fiscal -el superávit primario que estaba previsto en el 4.5% del PIB para 2015 puede reducirse al 3%- y quizás un pequeño alargamiento de los plazos de la deuda y una ligera reducción de los tipos, aunque esto es menos probable porque ya están prácticamente a 30 años y por debajo del 1% de interés.
Pero todo ello a cambio de aceptar el monitoreo continuo de la Troika (BCE, Comisión Europea y FMI), que ahora pasa a llamarse las instituciones, y de renunciar a parcelas importantes de soberanía.
Como afirmó el ministro socialdemócrata sueco Larsson en plena crisis bancaria en los noventa, si Suecia quiere ser soberana tiene que olvidarse de deber dinero a nadie. Lo que es aún mas cierto en una unión monetaria en la que ni siquiera existe la opción de la inflación.
Si Grecia quiere superar la crisis, tiene que aceptar que una parte de su política económica le venga impuesta desde Bruselas. Este es el precio, para todos, de seguir en el euro.
El autor es experto de IE Business School
