El Tribunal Superior Administrativo (TSA) recibió una acción de amparo preventivo de extrema urgencia contra el impuesto del 17% del valor de los vehículos importados por la expedición de la primera placa porque supuestamente violenta la Constitución y el derecho a la libre empresa, entre otros argumentos.
Los importadores de vehículos nuevos y usados depositaron la instancia con el propósito de evitar que la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), apliquen la medida, según informaron en un documento.
Afirmaron que el Gobierno pretende cobrar el impuesto al importador antes de la salida del vehículo del puerto sin aún haberlo vendido, “lo cual perjudicará a las empresas y al pueblo dominicano”.
La acción de amparo preventivo asegura que esta decisión cambia las reglas a los importadores de vehículos y el derecho legítimo de todo un sector de la economía, pues desde la creación del impuesto, el pago ha sido establecido cuando se realiza la venta y transferencia de titularidad al consumidor final.
El impuesto está contenido dentro del Presupuesto General de la Nación para este año (ley 506-19).
“El sector importador de vehículos, que está conformado por más de 2,000 empresas y que genera empleos directos e indirectos a más de 250,000 ciudadanos, realizó consultas con especialistas, quienes determinaron que las medidas impactarán negativamente a todos los importadores de vehículos en el país”, refirieron.
El documento de los importadores afirma que el impuesto anticipado violentan varios artículos de la Constitución, así como el Estado social y democrático de derecho; el derecho a la igualdad; derecho a la libertad de empresa; de la garantía de los derechos fundamentales y los principios de la administración pública y del régimen tributario.
Entre las consecuencias del cobro del impuesto destacaron, un menor volumen de importaciones y reducción de las ventas, lo que disminuirá “drásticamente” los ingresos fiscales al Gobierno dominicano; el precio de venta al consumidor final aumentaría, pues el impuesto a la primera placa se deberá incorporar al costo liquidado del vehículo importado, y se producirá una reducción del inventario de las empresas.
Asimismo, que esa medida del Gobierno obligaría al pago de un impuesto por adelantado por un bien que está en exhibición para la venta, además de que la DGA y la DGII no tienen la capacidad para manejar el volumen de transacciones de los importadores de vehículos en los plazos establecidos por la ley, lo que generaría un aumento significativo del pago en portuaria por dilación del almacenamiento y despacho en los puertos.
El recurso fue depositado en el TSA por directivos y abogados de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave); Asociación Nacional de Distribuidores de Vehículos (Anadive); Asociación de Importadores de Vehículos Usados y la Asociación de Dealers del Cibao (Adeci).
